La fiscalía de Perú había pedido la prisión contra Nicanor Boluarte por ejercer su poder para designar funcionarios.
El martes, la justicia de Perú ordenó la captura y prisión preventiva por 36 meses para el hermano de la presidenta Dina Boluarte, mientras es investigado por la fiscalía por presunto tráfico de influencias, cohecho y participación en una organización criminal, en un caso que podría involucrar a la mandataria del país andino.
La fiscalía había solicitado prisión para Nicanor Boluarte, acusándolo de ejercer “un poder de facto” al designar funcionarios desde que su hermana asumió la presidencia a fines de 2022, tras la destitución y arresto de su antecesor, Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso.
La decisión fue tomada al tercer día de deliberación del juez Richard Concepción Carhuancho sobre la solicitud de prisión, en una audiencia en la que no estuvo presente el hermano de la presidenta, quien previamente había negado las acusaciones formuladas por la fiscalía.
El juez solicitó a la policía que localice y capture al hermano de la presidenta, tanto a nivel nacional como internacional, para ejecutar la orden judicial. Concepción Carhuancho también dispuso prisión preventiva para otras tres personas implicadas en el caso.
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La última aparición del hermano de la presidenta fue el domingo, cuando participó virtualmente en el inicio de la audiencia para evaluar la solicitud de prisión, transmitida por el canal del Poder Judicial.
Al tomar su decisión, el juez Concepción Carhuancho señaló que “existe un alto grado de probabilidad” de que el hermano de la presidenta esté involucrado en los presuntos delitos investigados. Además, argumentó que existe riesgo de fuga debido a su cercanía con “las esferas del poder” por su relación familiar con la presidenta.
Nicanor Boluarte ya había sido detenido de manera preliminar en mayo, cuando la policía allanó su residencia como parte de una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito de la presidenta peruana, relacionada con el uso de costosos relojes que excederían su capacidad económica.
La presidenta, cuya popularidad ha disminuido a niveles históricos, tiene mandato hasta julio de 2026 y ha negado todas las acusaciones. Además, enfrenta una investigación desde el año pasado por su presunta complicidad en la muerte de decenas de personas durante las protestas antigubernamentales de fines de 2022 y comienzos de 2023, al inicio de su gestión.
