El Departamento de Estado delineó la peligrosidad de cada uno de los cárteles mexicanos designados como terroristas y en primer lugar ubica al de Sinaloa
Con la designación oficial a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas internacionales (FTO por sus siglas en inglés) y terroristas globales especialmente designados (SDGT), que entró en vigor el día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos procederá a congelar todos los bienes e intereses que se encuentren en su territorio, relacionados con personas de estos grupos, evitando así que tengan acceso al sistema financiero y a los recursos para continuar con su actividad e incluso llevar a cabo atentados, advirtió el Departamento de Estado.
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La designación tiene como antecedente la Orden Ejecutiva 14157, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 20 de enero en el que califica los cárteles mexicanos, además del llamado Tren de Aragua de Venezuela (TdA) y la Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador como “organizaciones transnacionales que amenazan la seguridad del pueblo estadunidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el Hemisferio Occidental”.
Los 6 cárteles mexicanos considerados como terroristas
El Departamento de Estado, a cargo del secretario Marco Rubio, delineó los perfiles de peligrosidad que tienen cada una de estas organizaciones que operan en nuestro país, pero que trafican y tienen actividades en la unión americana, como es en primer lugar el cártel de Sinaloa.
“Es uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos. El cártel de Sinaloa ha utilizado la violencia para asesinar, secuestrar e intimidar a civiles, funcionarios del gobierno y periodistas””, refiere.
En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, es una organización transnacional con presencia en casi todo México.
“Además de traficar con fentanilo, el grupo se dedica a la extorsión, el contrabando de migrantes, el robo de petróleo y minerales y el comercio de armas. El grupo tiene contactos en todas las Américas, así como en Australia, China y el sudeste asiático. CJNG ha llevado a cabo actos de violencia intimidatoria, incluidos ataques contra militares y policías mexicanos con armamento de grado militar, uso de drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden mexicanas y asesinatos o intentos de asesinato de funcionarios mexicanos””, sostiene.
El Cártel del Noreste, conocido anteriormente como “Los Zetas”, está implicado en el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el contrabando de personas y otras actividades ilícitas. CDN recurre a la violencia para ejercer su control criminal, incluidos ataques contra funcionarios públicos en México.
La Nueva Familia Michoacana es sucesor de “la Familia Michoacana”, una organización transnacional violenta con sede en el estado de Michoacán, en la costa del Pacífico, que opera en los estados de Guerrero, Morelos y México.
“Además del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, el LNFM ataca a funcionarios del gobierno y utiliza la violencia, incluidos ataques con drones y explosivos, para ejercer su control criminal y aterrorizar a las comunidades”.
Sobre el Cártel del Golfo, señala el Departamento de Estado, “es una violenta organización transnacional implicada en el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el contrabando de personas y otras actividades ilícitas” que emplea la violencia, incluidos los asesinatos de civiles y funcionarios del gobierno para intimidar a la población y controlar el territorio.
Finalmente, Cárteles Unidos se formó a partir de una alianza de múltiples cárteles más pequeños y otros grupos en Michoacán. Participa en actividades violentas que han causado numerosas víctimas civiles, militares y de las fuerzas del orden.
Sobre el Tren de Aragua y la MS-13, se advierte que tienen presencia en diversas naciones de Latinoamérica, como Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Honduras, Ecuador y Guatemala que se dedican al secuestro, extorsión a empresas, soborno a funcionarios públicos y terrorismo contra la población civil.
