La Fiscalía General del Estado de Guerrero ha solicitado al Congreso local iniciar un juicio de procedencia para retirar el fuero a un presidente municipal, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.
En una sesión reciente, el Congreso de Guerrero recibió una solicitud de declaratoria de procedencia presentada por la agente del Ministerio Público, Margarita Azucena Sánchez Gutiérrez, en representación de la Fiscalía General del Estado (FGE). Este procedimiento busca retirar el fuero constitucional a un alcalde en funciones, permitiendo así su enjuiciamiento penal. Sin embargo, la identidad del edil en cuestión no ha sido divulgada, ya que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha decidido mantener en reserva esta información para evitar especulaciones y respetar la presunción de inocencia.
El presidente de la Comisión Instructora del Congreso, Arturo Álvarez Angli, manifestó desconocer los detalles específicos de la solicitud, indicando que solo tenía conocimiento de la información presentada en la orden del día. Por su parte, Jesús Urióstegui García, presidente de la Jucopo, confirmó que, por acuerdo del órgano de gobierno, no se revelaría el nombre del alcalde involucrado en este proceso.
La declaratoria de procedencia, comúnmente conocida como desafuero, es un mecanismo legislativo que permite autorizar la detención y enjuiciamiento penal de servidores públicos que gozan de fuero constitucional, como senadores, diputados, presidentes municipales y gobernadores. Este proceso es esencial para garantizar que ningún funcionario esté exento de rendir cuentas ante la ley.
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Este caso se suma a otros recientes en Guerrero donde funcionarios municipales han sido objeto de investigaciones y procedimientos legales. Por ejemplo, en noviembre de 2024, la Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación contra la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, tras la difusión de videos en los que se le veía en una reunión con el líder de un grupo delictivo.
La reserva de información en el actual proceso ha generado diversas reacciones en la opinión pública y entre actores políticos. Mientras algunos consideran prudente mantener la confidencialidad para proteger la integridad del proceso y la presunción de inocencia, otros demandan mayor transparencia por parte de las autoridades involucradas. Se espera que, conforme avance el procedimiento, se brinden más detalles sobre el caso y la identidad del alcalde implicado.
