Una investigación reciente ha puesto al descubierto una red de más de 20 organizaciones delictivas que, en complicidad con servidores públicos, llevan a cabo despojos de propiedades en el Estado de México.
Estas organizaciones obtienen información privilegiada de funcionarios, incluyendo empleados del Instituto de la Función Registral, para identificar inmuebles susceptibles de ser invadidos o apropiados ilegalmente.
El modus operandi de estas redes implica la falsificación de documentos y la manipulación de procesos legales para despojar a los legítimos propietarios de sus bienes. En algunos casos, se ha detectado la participación de abogados y notarios públicos que facilitan la legalización de estas acciones fraudulentas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha iniciado operativos para desmantelar estas redes de corrupción. En el denominado “Operativo Enjambre”, se logró la detención de 24 funcionarios, incluidos alcaldes y directores de seguridad pública, acusados de colusión con grupos delictivos y de participar en actividades ilícitas como homicidio, secuestro y extorsión.
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Estos despojos no se limitan al Estado de México. En la Ciudad de México, durante el sexenio pasado, se registraron más de 24,000 denuncias por despojo de inmuebles, evidenciando la magnitud del problema a nivel nacional.
Las autoridades han enfatizado la necesidad de una depuración en las instituciones gubernamentales para erradicar la corrupción y fortalecer el estado de derecho. Se hace un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad y colaborar en la lucha contra estas prácticas que afectan el patrimonio y la seguridad de las familias mexicanas.
