El Senado aprobó cambios legales que permitirán a personal de Pemex, CFE y el SAT portar armas para ejercer funciones operativas específicas
Con una abrumadora mayoría de 100 votos a favor y sin debate previo, el Senado de la República aprobó una reforma clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta modificación legislativa permitirá que trabajadores y directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de otros organismos públicos, puedan portar armas de fuego como parte de sus atribuciones operativas, bajo condiciones específicas determinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La iniciativa aprobada busca regular el equipamiento que pueden utilizar tanto empleados de empresas productivas del Estado como personal de órganos autónomos, incluyendo al Banco de México y la Casa de Moneda. El objetivo es dotar de herramientas de seguridad al personal que lo requiera para el desarrollo de tareas estratégicas en contextos de alto riesgo.
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En el comunicado oficial emitido por la Cámara Alta se especificó que: “El Senado aprobó reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para establecer un nuevo marco jurídico de equipamiento y accesorios, que procure la cultura de la paz y el desarme”.
Entre otros puntos clave, la nueva legislación también prohíbe a los civiles utilizar vehículos modificados con blindaje y espacio para portar armas, limitando esta capacidad a cuerpos oficiales bajo la supervisión directa de las fuerzas armadas.
La iniciativa también introduce una actualización al catálogo de armamento exclusivo para uso del Ejército mexicano. Asimismo, obliga a que, al registrar un arma, se designe una persona responsable de su custodia en caso de fallecimiento del propietario, a fin de evitar que las armas queden fuera de control.
Desarme permanente y cultura de la paz
Una de las disposiciones adicionales de esta reforma apunta a fortalecer las políticas de prevención de la violencia. Se establece que los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— deberán poner en marcha campañas permanentes para promover el desarme voluntario, así como para fomentar una cultura de paz en todo el territorio nacional.
Tras su aprobación, la reforma fue turnada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación y entrada en vigor.
Endurecen castigo por tráfico de armas
Durante la misma sesión legislativa, los senadores también votaron por unanimidad (105 votos a favor) una serie de reformas para endurecer las penas relacionadas con el tráfico de armas. A partir de esta reforma, quienes introduzcan de forma ilegal armamento, explosivos, cargadores o municiones de uso exclusivo del Ejército mexicano enfrentarán condenas de hasta 45 años de prisión y multas superiores a los 339 mil pesos.
Las sanciones se incrementarán significativamente si las conductas ilegales son cometidas por funcionarios públicos, integrantes de corporaciones de seguridad, fuerzas armadas o empleados de empresas de seguridad privada.
La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Ana Lilia Rivera, defendió la aprobación de la normativa al destacar que se trata de una medida necesaria frente a los crecientes riesgos de violencia y la circulación de armamento no rastreable.
“Esta legislación no busca criminalizar a quienes poseen armas conforme a derecho, busca cerrar los espacios de impunidad para quienes abusan de este derecho y fortalecen las cadenas de violencia. México necesitaba, urgía una ley moderna, técnica y congruente con los principios de seguridad, paz, legalidad que hoy estamos otorgando”, afirmó.
Rivera también alertó sobre la creciente fabricación y circulación de armas “hechizas” o difíciles de rastrear, que representan un desafío tanto para la seguridad pública como para el control gubernamental del armamento.
Con esta reforma, el Senado busca actualizar el marco jurídico de una ley que no había sido reformada integralmente en años, adaptándola a las realidades actuales de inseguridad y a los nuevos riesgos que enfrentan tanto los ciudadanos como los servidores públicos en funciones estratégicas.
