
Empleados subcontratados por el gobierno de la Ciudad de México enfrentan falta de pagos, condiciones precarias y abusos por parte de empresas contratistas.
En la Ciudad de México, trabajadores de limpieza subcontratados por el gobierno han denunciado una serie de abusos laborales que incluyen la falta de pagos, condiciones de trabajo precarias y la omisión de prestaciones sociales. Estas denuncias se centran en la empresa WILK S. de R.L. de C.V., encargada de la limpieza en diversas oficinas gubernamentales. Los empleados afirman que la empresa no los ha registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ha retrasado sus pagos, afectando su estabilidad económica y bienestar .
A pesar de las quejas presentadas por los trabajadores, las autoridades competentes no han tomado medidas efectivas para resolver la situación. Los empleados aseguran que el gobierno federal ha continuado otorgando contratos a empresas que no cumplen con sus obligaciones laborales, lo que perpetúa la explotación y precariedad en el sector de limpieza.
En respuesta a estas denuncias, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció en diciembre de 2022 una iniciativa para transformar el modelo de subcontratación en cooperativas. Esta medida busca empoderar a los trabajadores, permitiéndoles formar sus propias empresas y garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales. El proceso comenzará en las oficinas de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, con la intención de expandirse a otras dependencias.
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Sin embargo, la implementación de esta iniciativa ha sido lenta, y muchos trabajadores continúan enfrentando condiciones laborales adversas. La falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades ha generado desconfianza entre los empleados, quienes temen que sus derechos sigan siendo vulnerados sin que se tomen acciones concretas para mejorar su situación.
La situación de los trabajadores de limpieza subraya la necesidad urgente de reformar el sistema de subcontratación en el sector público, asegurando que las empresas contratistas cumplan con sus obligaciones laborales y que los empleados reciban un trato justo y digno. Solo a través de políticas públicas efectivas y una supervisión rigurosa se podrá garantizar el respeto a los derechos laborales en este sector fundamental para el funcionamiento de la ciudad.