Un exalumno del IPN fue sentenciado a cinco años de prisión tras ser hallado culpable de almacenar pornografía infantil generada con inteligencia artificial
Un exestudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibió una condena de cinco años de prisión tras ser hallado culpable de almacenar pornografía infantil, delito tipificado como trata de personas. La sentencia fue dictada el 14 de mayo y formalmente leída el 21 del mismo mes. Se trata del primer fallo condenatorio contra el imputado, identificado como Diego “N”, quien enfrenta otras siete carpetas de investigación abiertas, la mayoría por violencia digital y una adicional por el mismo delito de pornografía infantil.
El caso fue revelado a finales de 2023, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás denunció públicamente que el acusado había creado imágenes sexualizadas de compañeras utilizando inteligencia artificial. Las fotografías manipuladas fueron generadas a partir de contenido extraído de perfiles personales en redes sociales, lo que provocó indignación entre la comunidad estudiantil y derivó en movilizaciones y protestas dentro del IPN.
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La abogada Valeria Martínez Mondragón, quien representa a varias de las víctimas, explicó que la condena se basa únicamente en el almacenamiento de contenido, ya que no se pudo comprobar su comercialización. Sin embargo, subrayó que esta resolución apenas aborda una parte del daño causado: “Aún se investigan otros delitos relacionados con la difusión y creación de imágenes falsas”.
Durante la investigación, las autoridades localizaron en los dispositivos electrónicos de Diego “N” más de 166 mil imágenes y 20 mil videos manipulados digitalmente. Se estima que cerca del 40% del material corresponde a alumnas del IPN, muchas de ellas menores de edad.
Tras su detención en octubre de 2023, el acusado fue expulsado de forma definitiva de la institución académica. En el transcurso de los procedimientos judiciales, fue absuelto en dos procesos debido a insuficiencia probatoria, pero esta reciente sentencia marca un hito en el marco legal que regula la violencia digital en México, particularmente con base en la Ley Olimpia.
El colectivo Asamblea Colectiva Justicia Digital IPN, que ha acompañado a las víctimas, celebró la resolución judicial, pero también pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México interponer una apelación con el fin de ampliar la condena, al considerar que la pena no es proporcional a la magnitud del daño generado.
El proceso legal continúa abierto mientras se desarrollan las investigaciones pendientes. Las víctimas, junto con sus representantes legales, han manifestado su esperanza de que el caso sirva como precedente para reforzar las medidas de protección digital y garantizar justicia en otros casos de violencia sexual facilitada por tecnología.
