El juez Éric Alejandro Arenas Guzmán enfrenta señalamientos por no haber revisado un expediente durante ocho años en un proceso contra Ternium y Siemens, relacionado con un accidente laboral que dejó a una ingeniera con lesiones graves.
En Monterrey, Nuevo León, el juez Éric Alejandro Arenas Guzmán, titular del Juzgado Primero de Juicio Civil Oral, ha sido acusado de negligencia por no haber revisado un expediente durante ocho años en un caso que involucra a las empresas Ternium y Siemens. El abogado Luis Cervantes Muñiz, representante legal de la ingeniera Karla Castro, afectada en un accidente laboral, ha anunciado que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León para solicitar la remoción del juez.
El caso se remonta a 2017, cuando Karla Castro sufrió quemaduras graves en los pies mientras laboraba en una planta siderúrgica operada por Ternium y Siemens. Según las investigaciones, el accidente se debió a la falta de medidas de seguridad adecuadas, como señalizaciones de precaución y equipos de primeros auxilios. A pesar de contar con equipo de protección, las lesiones de Castro requirieron múltiples cirugías y una hospitalización prolongada.
El abogado Cervantes Muñiz ha señalado que la audiencia programada para el pasado viernes fue pospuesta un mes, bajo el argumento de que el juez no había estudiado el expediente. Esta situación ha sido calificada por la defensa como una burla y una señal de corrupción, sugiriendo que las empresas involucradas podrían estar influyendo en el proceso judicial.
La defensa de Karla Castro ha expresado su preocupación por la falta de avances en el caso y la posible influencia de las empresas en el sistema judicial. Se espera que el Consejo de la Judicatura de Nuevo León investigue las acusaciones y tome las medidas correspondientes para garantizar la imparcialidad y eficiencia en la administración de justicia.
Este caso pone en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de supervisión en el Poder Judicial, para asegurar que los procesos legales se lleven a cabo de manera oportuna y justa, especialmente en casos que afectan directamente la salud y el bienestar de los trabajadores.
