Tras el homicidio de dos funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno capitalina, legisladores buscan establecer el sicariato como un delito específico en el Código Penal, con penas de hasta 50 años de prisión.
El reciente asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha impulsado a legisladores locales a proponer la tipificación del sicariato como delito en el Código Penal capitalino. La iniciativa busca reconocer el sicariato como una manifestación de la delincuencia organizada, con el objetivo de desmantelar las estructuras criminales detrás de estos actos.
La propuesta, presentada por la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, pretende adicionar la fracción IX al artículo 138 del Código Penal del Distrito Federal. Con ello, se establecerían penas que van de 20 a 50 años de prisión para quienes participen en actos de sicariato, entendidos como homicidios por encargo realizados por miembros de organizaciones criminales.
La diputada Olivia Garza, impulsora de la iniciativa, explicó que el sicariato implica una estructura compleja que incluye reclutadores, proveedores de armas y vehículos, así como informantes que facilitan la ejecución de los crímenes. Garza enfatizó la necesidad de investigar y sancionar no solo a los autores materiales e intelectuales, sino también a todos los involucrados en la cadena delictiva.
El asesinato de Guzmán y Muñoz, ocurrido el 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, fue perpetrado por al menos cuatro individuos que actuaron con precisión y planificación, utilizando armas limpias y vehículos robados. Las autoridades sospechan que el ataque fue una represalia del crimen organizado, posiblemente del Cártel de Jalisco Nueva Generación, en respuesta a recientes detenciones de líderes delictivos.
La propuesta legislativa busca cambiar el enfoque de las investigaciones, pasando de casos aislados de homicidio agravado a una visión integral que permita desarticular las organizaciones criminales responsables. De aprobarse, esta medida representaría un paso significativo en la lucha contra la violencia y la impunidad en la capital del país.
