La difusión de un video que muestra a una niña indígena siendo brutalmente golpeada ha generado indignación y llamados urgentes a una acción judicial
Un video que circuló en redes sociales el 29 de mayo provocó una fuerte ola de indignación en Colombia. Las imágenes revelan una brutal agresión cometida contra una niña en la comunidad indígena de Gito Dokabu, en Risaralda. En el material audiovisual se observa a la menor siendo amarrada a una viga por una mujer, mientras dos hombres la golpean con ramas de plantas. La víctima grita e intenta protegerse sin éxito, hasta que pierde el conocimiento durante varios segundos.
Las imágenes, cuya fecha exacta de grabación aún no ha sido confirmada, muestran además cómo uno de los agresores continúa golpeando incluso después de que la cobija que cubría a la menor se desliza, dejando sus piernas expuestas. Una vez finalizado el castigo, la mujer que la sujetó la desata y la lleva hacia el interior de la vivienda. Otro hombre aparece en la escena como testigo pasivo del hecho, sin intervenir.
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Organizaciones indígenas reaccionaron con firmeza ante esta situación. La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de Aico por la Pachamama emitieron un pronunciamiento conjunto condenando el ataque. “Este hecho constituye una grave violación a los derechos humanos, y a los principios espirituales, culturales y políticos de nuestros pueblos indígenas. ¡Nada justifica la violencia contra nuestras mujeres y niñas!“, expresaron.
Ambas comisiones subrayaron que ninguna práctica tradicional puede usarse como excusa para permitir agresiones físicas, recordando que la Corte Constitucional ha establecido límites claros a la autonomía de las comunidades indígenas cuando está en juego la integridad de mujeres y menores.
En el mismo documento, exigieron una investigación inmediata por parte de las autoridades de Gito Dokabu, así como sanciones proporcionales contra los responsables, dentro del marco del derecho propio indígena y sin contravenir los derechos fundamentales de la menor afectada.
Además, hicieron un llamado urgente a los organismos nacionales de derechos humanos para que intervengan, brinden protección a la víctima y supervisen que el proceso de justicia comunitaria se realice con apego a los valores fundamentales de dignidad y no violencia.
La difusión del video ha encendido la discusión sobre los límites de la jurisdicción indígena y la urgencia de garantizar los derechos de la niñez en todos los contextos culturales del país.
