La exalcaldesa de Chilpancingo presentó en el Senado una iniciativa para que el gobierno federal intervenga en municipios dominados por el crimen.
Norma Otilia Hernández Martínez, exalcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, acudió este lunes al Senado de la República para presentar una iniciativa que permitiría al gobierno federal intervenir directamente en municipios donde se haya perdido el control institucional por la acción del crimen organizado. La propuesta contempla que el Ejecutivo pueda asumir temporalmente las funciones del gobierno local y declarar la desaparición de poderes municipales.
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“Lo que hoy venimos a presentar es un llamado y una alternativa para dar certeza a las familias que viven en municipios donde dominan los grupos del crimen. Queremos que el gobierno federal pueda entrar a controlar los municipios que no tienen libertades, que se desaparezcan los poderes y se hagan responsables de estos pueblos”, expresó Hernández Martínez ante medios de comunicación.
La exalcaldesa llegó acompañada por activistas y periodistas desplazados de distintas regiones del país, quienes respaldaron la urgencia de contar con un marco legal para intervenir en territorios donde el crimen ha provocado el éxodo forzado de ciudadanos y comunicadores.
Durante su intervención, Hernández subrayó que su iniciativa no busca debilitar el federalismo, sino dotar al Estado de herramientas legales ante situaciones extremas. “Así como pueden intervenir, también pueden dar su aprobación a una forma de gobernar y despejar cualquier tipo de duda”, señaló. Afirmó que su experiencia personal como autoridad en una zona con fuerte presencia criminal la motivó a impulsar esta propuesta.
La iniciativa contempla un esquema jurídico para que, en casos excepcionales, el Senado autorice al Ejecutivo federal a asumir el control de municipios rebasados por la violencia, bajo criterios de legalidad y con temporalidad definida.
“Hay municipios donde no hay policías, ni recursos, ni capacidad institucional para actuar. El crimen ha rebasado a las autoridades y no podemos dejar en estado de indefensión a las comunidades”, advirtió. En ese sentido, consideró que la fuerza de la Federación debe activarse cuando los gobiernos locales ya no pueden cumplir con su función de garantizar seguridad y derechos.
La propuesta será turnada a comisiones legislativas para su análisis. Hernández recalcó que no debe interpretarse como una medida política, sino como una acción de protección social: “Lo que buscamos es poner en el centro de las decisiones el bienestar de las familias de México. Cuando hay gobernabilidad, hay vida”.
Con información de Excelsior
