Grupos judíos en EE. UU. denuncian que el plan de Trump contra el antisemitismo amenaza la democracia, la libertad académica y el derecho al disenso
En Estados Unidos, una parte significativa de la comunidad judía ha expresado su preocupación por la estrategia impulsada por sectores conservadores cercanos al expresidente Donald Trump para combatir el antisemitismo. La propuesta, conocida como Proyecto Esther y elaborada por la Heritage Foundation como parte del llamado Proyecto 2025, ha provocado reacciones negativas entre organizaciones progresistas que advierten sobre los riesgos que implicaría su implementación.
El documento propone medidas severas como la expulsión de estudiantes internacionales, el despido de profesores, el retiro de fondos a instituciones educativas y la proscripción de organizaciones consideradas “antisionistas”, bajo la acusación de operar como “redes de apoyo a Hamás” en universidades como Harvard o Columbia.
“La estrategia trazada en el Proyecto Esther busca dotar a una futura administración de Trump de herramientas legales para imponer su agenda política”, señaló Stefanie Fox, directora de Jewish Voice for Peace (JVP), una agrupación que promueve el cese de la ofensiva militar en Gaza. Su organización fue directamente mencionada en el documento, algo que rechazó tajantemente: “Esto es infundado, paranoico e irrisorio”.
Las tensiones aumentan en un contexto marcado por el incremento de incidentes antisemitas, documentados tras el inicio del conflicto entre Israel y Hamás. Si bien la mayoría de los judíos en Estados Unidos manifiestan inquietud por este fenómeno, muchos rechazan las soluciones autoritarias. Una encuesta del Jewish Voters Resource Center indica que el 89 % está preocupado por el antisemitismo, pero el 64 % se opone al enfoque de Trump.
Kevin Rachlin, integrante del proyecto Nexus —que trabaja en la erradicación del odio sin comprometer las libertades—, calificó el plan como contraproducente: “Hay antisemitismo en las universidades, no voy a negarlo (…) pero la idea de que para combatir el antisemitismo hay que arremeter contra la educación superior es completamente ridícula”. En su opinión, estos enfoques no ofrecen seguridad sino mayor aislamiento para los judíos estadounidenses.
La discusión también refleja divisiones generacionales. El periodista Eric Alterman describe una profunda fisura entre los sectores más jóvenes, críticos del gobierno israelí, y los mayores, tradicionalmente más afines al Estado de Israel. “La mayoría de los judíos estadunidenses (…) no les gusta Netanyahu, no les gusta esta administración (Trump), no les gusta la guerra en Gaza (…) y están atrapados en el medio”, afirmó.
En las últimas semanas, diez organizaciones judías firmaron una carta dirigida a líderes republicanos, donde rechazan la supuesta disyuntiva entre seguridad y democracia. El documento advierte que usar el antisemitismo como pretexto para restringir derechos fundamentales representa una amenaza a la convivencia plural. “Están atacando las instituciones democráticas que han dado a los judíos estadunidenses más derechos, más libertades, más oportunidades de las que jamás hemos tenido en nuestros 2 mil 600 años de historia de vida diaspórica”, expresó el rabino David Saperstein, de la Unión para el Judaísmo Reformista.
Para muchos analistas, el Proyecto Esther responde a un interés político-electoral. Denunciar a grupos como Students for Justice in Palestine o Jewish Voice for Peace como “organizaciones de odio” sería parte de una estrategia para alinear el discurso universitario con la ideología conservadora, debilitando voces críticas y reprimiendo el disenso.
“Los judíos estamos más seguros cuando nos coaligamos con otros grupos y minorías”, subrayó Rachlin, destacando que la seguridad no puede construirse con base en la exclusión ni la censura. En la misma línea, Fox advirtió que trivializar el antisemitismo para justificar políticas de corte autoritario pone en riesgo no solo a las comunidades judías, sino al sistema democrático en su conjunto.
La carta conjunta concluye con un llamado a preservar los principios que han hecho posible la participación plena de los judíos en la vida pública estadounidense: libertad de pensamiento, respeto a los derechos civiles y defensa de las instituciones académicas como espacios de debate abierto, no de persecución ideológica.
