Tras dos décadas sin leyes que protejan a mamíferos marinos, activistas urgen al gobierno mexicano a clausurar delfinarios y frenar el maltrato animal
Los delfinarios se han convertido en el nuevo foco de atención para colectivos animalistas que denuncian el maltrato sistemático a mamíferos marinos. En una manifestación realizada frente a las oficinas de la Semarnat en Polanco, Ciudad de México, activistas alzaron la voz para exigir el cierre definitivo de estos centros de entretenimiento. Señalan que la Dirección General de Vida Silvestre ha sido omisa, opaca y permisiva con prácticas que atentan contra la integridad de los animales.
Sofía Morín, abogada ambientalista e impulsora de la iniciativa que prohibió la tauromaquia en la capital, fue enfática: “Para nosotros es completamente ilegal la existencia de los delfinarios porque, cuando se prohíben los circos, la prohibición habla de prohibición de animales en circos. La ley no especifica si eran animales terrestres nada más, sino que habla de animales en general”.
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Los activistas sostienen que las condiciones en que se encuentran los delfines en cautiverio son inadecuadas y peligrosas. Aseguran que muchos mueren por estrés, infecciones, mala calidad del agua o por prácticas violentas durante los espectáculos. En particular, el delfinario del Hotel Barceló Riviera Maya ha sido clausurado tras reportes de tres muertes recientes de delfines, incluido “Mincho”, que falleció tras estrellarse contra el suelo durante una acrobacia en 2020.
Selene Mariel Tejeda Bravo, directora de “Empty the Tanks México”, subrayó la gravedad de la situación: “No podemos concebir que un funcionario público, a cargo de la Dirección general de Vida Silvestre, no esté dispuesto a facilitar la información, y más cuando hay 19 denuncias en la Profepa contra delfinarios”.
Tejeda, quien lleva años intentando obtener registros oficiales sobre la situación de los delfines, denunció que la Semarnat mantiene vigente un Acuerdo de Confidencialidad con empresas como Dolphinaris y Dolphin Discovery, firmado en 2018, que impide conocer cifras de nacimientos, muertes y técnicas de reproducción.
El problema no es nuevo. Desde 2007 y hasta 2018, al menos 70 delfines murieron en instalaciones privadas, de acuerdo con un informe obtenido vía transparencia. Las causas iban desde fracturas faciales por contacto con humanos, hasta septicemias derivadas de aguas contaminadas.
Sin legislación desde hace 20 años en favor de estos mamíferos marinos, los activistas confían en que las reformas al bienestar animal, aprobadas en noviembre pasado, den paso a leyes específicas. De las 20 iniciativas que se encuentran en análisis, una busca regular y restringir la operación de los delfinarios, como confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del 13 de junio.
Entre las exigencias de los defensores de los derechos animales están eliminar el contacto físico entre humanos y delfines, frenar su reproducción en cautiverio, trasladarlos de tanques a corrales marinos en un plazo no mayor a 18 meses y actualizar el inventario nacional de estos mamíferos.
Pese a la falta de respuesta oficial de Semarnat, algunos activistas fueron recibidos en la sede de la dependencia y se levantó un oficio con sus demandas. La presión social aumenta en espera de acciones concretas, mientras crece el número de denuncias y clausuras en el país.
