Con el argumento de haber sido discriminados y violentados en su derecho a tener un trabajo digno, los grupos de mototaxistas de Tláhuac, a quienes les fueron retirados dichos vehículos, interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.
La demanda es hacia el Gobierno de la Ciudad de México, los quejosos aseguran que no son delincuentes y que se dedican a trabajar y subsistir mediante su trabajo en las mototaxis.
Una de sus principales inconformidades es que se les hayan retirado los vehículos, a pesar de contar con tarjetón, reglamento para circular y estar totalmente identificados.
A través de un documento dirigido a Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la capital, el grupo de mototaxistas, sostiene que luego del operativo realizado el 27 de julio para retirar a los mototaxistas, elementos de la policía les incautaron 87 unidades con lo cual se les impide trabajar.
Los dirigentes de grupos de mototaxistas, insisten en que esta actividad es vital para la economía local de la delegación, además de que a partir del operativo las pérdidas económicas ascienden hasta los 100 mil pesos diarios en la zona que comprenden las colonias Zapotitlán, La Conchita, Miguel Hidalgo, Olivos y Nopalera.
Suman a esta pérdida, la situación en la que muchos adquirieron las motos, pues lo hicieron a través de créditos con Elektra, por lo que en muchos casos, los vehículos aún se están pagando.
Ante la problemática de inseguridad que se presupone al ser una actividad irregular, los mototaxistas señalan que la empresa Arco, les otorgó el cinco por ciento de siniestralidad y les otorgó cobertura.
De acuerdo con declaraciones de los mototaxistas, en el corralón les han pedido hasta 52 mil pesos para recuperar sus vehículos. Existen cerca de siete organizaciones que solicitan ser escuchados por las autoridades y así poder encontrar una solución.
