En el cuarto aniversario de las protestas de 2021, Washington aplica restricciones de visa contra líderes del gobierno cubano por violaciones a Derechos Humanos
En un anuncio oficial del 11 de julio de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. decidió sancionar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como al ministro de Defensa Álvaro López Miera y al de Interior, Lázaro Álvarez Casas, vetando su acceso a territorio estadounidense. La medida coincide con el aniversario de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, cuando miles salieron a las calles por crisis económica y apagones.
El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló en redes que las sanciones también alcanzan a funcionarios judiciales y penitenciarios implicados en detenciones arbitrarias y tortura de manifestantes. Según grupos de derechos humanos, más de mil personas fueron arrestadas durante aquellas protestas, de las cuales alrededor de 554 permanecían encarceladas hasta principios de 2025 .
Como parte complementaria, el gobierno estadounidense añadió once hoteles en Cuba—entre ellos la Torre K en La Habana, vinculada a GAESA—a la lista de “alojamientos prohibidos”, con el fin de cortar ingresos al poder militar cubano. También se anunciaron limitaciones en visados para familiares directos de los altos funcionarios sancionados.
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La reacción desde La Habana fue inmediata. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las sanciones como un “acto de arrogancia e impotencia” y aseguró que EE.UU. “no puede doblegar la voluntad del pueblo cubano”. La diplomacia cubana reafirmó su postura de enfrentar lo que calificaron como “guerra económica prolongada”.
Estas nuevas restricciones marcan la primera vez que los Estados Unidos imponen sanciones directamente al presidente Díaz-Canel y ponen más presión sobre un gobierno ya afectado por la crisis económica y la política exterior adversa. El mensaje de EE.UU. busca responsabilizar al régimen por su respuesta represiva a las demandas ciudadanas.
