La reducción de la jornada semanal está en marcha; Gobierno, sindicatos y empresarios debaten cómo aplicarla sin frenar la economía.
México está cada vez más cerca de implementar una jornada laboral de 40 horas semanales. Luego de seis foros nacionales encabezados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el debate ya no gira en torno a si debe ocurrir el cambio, sino a cómo, cuándo y bajo qué condiciones.
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Con participación de sindicatos, representantes empresariales, académicos y expertos laborales, los encuentros realizados en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Querétaro, Cancún y la capital del país, permitieron identificar los retos clave de esta transformación, una de las más ambiciosas en materia laboral en décadas.
¿Cuándo podría ser realidad?
Aunque existe consenso en la necesidad de reducir la jornada de 48 a 40 horas, no hay una fecha única. El Gobierno Federal plantea lograrlo para 2030, los sindicatos presionan por 2027, y el sector empresarial propone una transición progresiva, disminuyendo una hora por año, lo que podría extender el plazo aún más.
Principales propuestas sobre la mesa
Durante los foros, surgieron ideas y medidas concretas para facilitar la implementación del nuevo esquema:
- Adaptación sectorial: Algunas industrias, como el turismo o el campo, requieren horarios más flexibles. Se sugiere un modelo de aplicación diferenciada.
- Proyectos piloto: Realizar pruebas en empresas públicas y privadas para evaluar el impacto en productividad y clima laboral.
- Nuevos esquemas formales: Reconocer legalmente modelos como trabajo por objetivos, bancos de tiempo o pago por hora.
- Capacitación e incentivos: Fomentar la formación técnica y medidas fiscales para evitar un aumento de la informalidad.
- Salario protegido: Garantizar que la reducción de horas no implique recortes en el ingreso de los trabajadores.
- Prima sabatina: Se propone un pago adicional del 25 % a quienes trabajen los sábados.
- Observatorio de seguimiento: Crear un organismo para vigilar la implementación, conformado por trabajadores, empresarios y autoridades.
¿Qué implicaría para las empresas?
Se prevé que la reforma contemple un calendario escalonado de aplicación, dependiendo del tamaño de cada unidad productiva:
- Microempresas (1 a 10 empleados): Tendrían mayor flexibilidad en los plazos.
- Pequeñas (11 a 50): Requerirán apoyo técnico y fiscal.
- Medianas (51 a 250): Se espera una transición ágil, pero con acompañamiento.
- Grandes (más de 250): Serían las primeras en aplicar la nueva jornada por su mayor capacidad operativa.
¿Qué sigue?
Los foros finalizaron el pasado 7 de julio. Actualmente, la STPS trabaja en sistematizar los hallazgos para construir una iniciativa de reforma integral, que se espera sea presentada ante la Cámara de Diputados el próximo 1 de septiembre, al inicio del nuevo periodo legislativo.
Aunque ya existen otras iniciativas similares en el Congreso, el Ejecutivo busca impulsar una propuesta que parta del diálogo logrado en los foros, y que cuente con mayor respaldo social y político.
Un cambio con respaldo internacional
Organismos como la OIT, la OCDE, la Cepal y el BID han respaldado la reducción de la jornada, aunque han advertido que debe aplicarse de forma gradual, con base técnica y una visión sectorial.
Actualmente, México se encuentra entre los países de la OCDE con jornadas más extensas y bajos niveles de productividad. Estudios recientes muestran que trabajar más no necesariamente implica mejores resultados, pero sí incrementa la fatiga, enfermedades laborales y el ausentismo.
“El descanso no es un lujo, es un derecho”, afirmó la subsecretaria de Empleo, Quia Chávez Domínguez, en el cierre del sexto foro. La reforma busca precisamente eso: mejorar la calidad de vida sin frenar el desarrollo económico.
Con información de Excelsior
