El Departamento de Educación advierte que suspenderá fondos federales si planteles escolares no eliminan prácticas relacionadas con identidad de género dentro de un plazo perentorio.
El gobierno federal estadounidense envió una notificación oficial a los comisionados estatales de educación, otorgando un plazo de 10 días para que las escuelas certifiquen que han eliminado políticas que favorecen a estudiantes transgénero o que promueven programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Este ultimátum forma parte de la administración del presidente Donald Trump y exige que las instituciones educativas confirmen su adhesión a la ley federal antidiscriminatoria y al fallo de la Suprema Corte que prohíbe la discriminación positiva basada en la raza. Quienes incumplan se enfrentan a la posibilidad real de perder financiamiento federal.
La carta, titulada “Recordatorio de obligaciones legales”, advierte que mantener programas que diferencien a estudiantes por raza, identidad de género o cualquier característica protegida podría considerarse ilegal bajo el título VI de la Ley de Derechos Civiles y resultaría en sanciones con efectos económicos severos.
Organismos escolares y expertos legales han señalado que cumplir con ese requerimiento en solo 10 días plantea enormes retos operativos y legales, ya que la directiva carece de claridad sobre qué constituye un programa infractor. Por ello, algunos mandatarios estatales y universidades ya expresaron dudas sobre la viabilidad de acatarla sin precedentes legales.
Como respuesta, varias entidades han iniciado demandas federales cuestionando la constitucionalidad de esta medida, argumentando que excede la autoridad legal del Departamento de Educación y podría implicar una restricción no justificada de derechos reconocidos por la Constitución.
