Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, fue condenado a 12 años de arresto domiciliario por fraude procesal y soborno, un fallo sin precedentes en el país
En una decisión judicial sin precedentes en la historia de Colombia, la jueza Sandra Liliana Heredia sentenció al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, tras hallarlo culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. La resolución, emitida por el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, también impone una multa superior a los 578 mil dólares y la inhabilitación del exmandatario para ejercer cargos públicos.
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, se convierte así en el primer expresidente colombiano condenado por un tribunal, en un proceso que ha polarizado profundamente a la sociedad durante más de una década. La jueza absolvió al acusado del cargo de soborno como delito independiente, aunque ratificó los demás delitos, vinculados a la supuesta manipulación de testigos.
Durante el juicio, Uribe sostuvo su inocencia y su defensa anunció que impugnará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá. “La gente quería a Lupita D’Alessio, por eso tuve este tour durante dos años, pero ya mi cuerpo y la música no me lo permiten”, manifestó en su declaración final ante el juzgado.
El caso se origina en 2012, cuando Uribe acusó al entonces senador Iván Cepeda de fabricar pruebas falsas para relacionarlo con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema concluyó que Cepeda no incurrió en irregularidades y, por el contrario, halló indicios de que Uribe intentó influir en testigos por medio de terceros. Desde entonces, el proceso ha sido objeto de presiones políticas, intentos de archivo por parte de la fiscalía y fuertes divisiones públicas.
Esta condena llega en un momento clave, cuando Colombia se aproxima a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. El resultado podría impactar no solo el escenario político nacional, donde varios aliados de Uribe buscarán cargos relevantes, sino también las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, su principal socio comercial y estratégico en temas de seguridad.
El proceso también revive debates sobre el legado de Uribe, quien lideró una fuerte ofensiva militar contra las guerrillas durante su mandato. Aunque fue reconocido por debilitar a grupos insurgentes, su gobierno también estuvo rodeado de denuncias por violaciones a los derechos humanos y nexos con el paramilitarismo.
Una comisión de la verdad reveló en 2022 que los grupos paramilitares —apoyados por civiles y desmovilizados bajo su administración en 2005— fueron responsables de al menos 205 mil asesinatos en el marco del conflicto armado, lo que representa más del 45% de las muertes registradas.
La sentencia contra Uribe no solo marca un hito judicial, sino que abre un nuevo capítulo en la historia política reciente de Colombia. Ahora, el país espera la resolución de la apelación y el impacto que este caso tendrá en el mapa electoral y el sistema judicial.
