El gobierno israelí autorizó un plan militar para controlar Ciudad de Gaza con cinco ejes estratégicos, decisión que provocó críticas internas y externas
El gabinete de seguridad de Israel dio luz verde a un plan de cinco puntos cuyo objetivo es que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asuman el control de Ciudad de Gaza. La resolución, adoptada tras una prolongada reunión, ha despertado protestas dentro del país, preocupación por los rehenes aún retenidos y un amplio rechazo de la comunidad internacional.
La estrategia oficial contempla el desarme de Hamás, la devolución de todos los cautivos —vivos o muertos—, la desmilitarización de la Franja, el control de seguridad por parte de Israel y la instauración de una administración civil distinta tanto de Hamás como de la Autoridad Palestina. Según informes, la operación sería progresiva, con el despliegue de unas 30 mil tropas para aislar y desarticular las estructuras urbanas que albergan centros de mando de Hamás.
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Fuentes oficiales señalan que se intentaría evacuar a civiles y facilitar ayuda fuera de las zonas de combate. Sin embargo, agencias humanitarias advierten que no existen medios suficientes para un desplazamiento masivo. Las acciones previstas incluyen confiscar arsenales, capturar a líderes de Hamás, establecer puestos de control y negociar con actores regionales o internacionales la gestión civil posterior.
Aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu ha planteado que fuerzas árabes o una administración internacional podrían asumir el control futuro, no se han precisado mecanismos. Desde el Ejecutivo se argumenta que el objetivo central es neutralizar la capacidad militar de Hamás y asegurar la liberación de rehenes, reduciendo así el riesgo a largo plazo contra ciudades israelíes.
La ONU calificó el plan como una “peligrosa escalada” y advirtió sobre desplazamientos masivos y un aumento de víctimas. Alemania suspendió exportaciones de armamento hacia Israel, mientras que países europeos y Estados árabes llamaron a detener la operación. Hamas lo tachó de “crimen de guerra” y alertó que podría poner en mayor riesgo a los cautivos.
En el ámbito interno, familiares de rehenes, figuras políticas y mandos militares alertaron que una ofensiva urbana en el enclave, ya devastado por meses de asedio, agravaría la crisis humanitaria y complicaría el rescate de los prisioneros. Organismos internacionales reiteraron el pedido de un alto al fuego, la apertura de corredores humanitarios y la liberación inmediata de los rehenes para evitar un desastre mayor.
