Dos agentes del Ministerio Público fueron removidos de sus cargos tras negarse a brindar atención a Marcelina, madre de Fernandito, un menor asesinado en La Paz, Estado de México, luego de haber sido secuestrado por prestamistas que buscaban presionar a la mujer para saldar una deuda.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el pasado 3 de agosto, Marcelina se presentó en el Centro de Justicia de La Paz para denunciar que una conocida se había llevado a su hijo y se negaba a devolverlo. Al llegar, fue atendida por un practicante, quien notificó al Ministerio Público de guardia. No obstante, este funcionario se negó a iniciar el procedimiento argumentando que su turno había terminado y le indicó que debía esperar a otra agente, identificada como Brenda, o acudir a la Agencia del Ministerio Público especializada en delitos de género.
Ese mismo día, la FGJEM abrió una carpeta de investigación por secuestro. Días después, el cuerpo del menor fue hallado en estado avanzado de descomposición. El peritaje determinó que Fernandito había fallecido entre el 30 de julio y el 2 de agosto, lo que coincide con la declaración de Marcelina, quien señaló que su hijo fue privado de la libertad el 28 de julio.
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Estos hechos forman parte de una investigación interna para establecer la posible responsabilidad de los servidores públicos que negaron el auxilio a la madre del menor. En consecuencia, el Ministerio Público que se negó a tomar la denuncia fue cesado y enfrentará los procesos administrativos y penales correspondientes. Por su parte, la agente asignada al área de Género fue retirada de su cargo y quedó a disposición de las autoridades centrales de la FGJEM, quienes determinarán si incurrió en omisiones que vulneraron los derechos de la denunciante.
Además, la Fiscalía respondió a los señalamientos de la activista y abogada Fabiola Villa, quien denunció que se le negó el acceso a la carpeta de investigación pese a ser representante legal de la familia. La institución aclaró que Villa acudió a la sede ministerial sin la presencia de Marcelina y sin estar acreditada legalmente como su asesora jurídica, por lo que no tenía autorización para consultar el expediente.
