
El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que busca castigar la quema de la bandera estadounidense con hasta un año de cárcel, además de establecer sanciones para extranjeros que participen en este tipo de actos.
La disposición ordena al Departamento de Justicia y a la fiscal general Pam Bondi revisar los casos y aplicar sanciones penales o civiles, aunque no establece de forma explícita las penas. También instruye al Departamento de Estado y al de Seguridad Nacional a negar o revocar visas, permisos de residencia e incluso iniciar procesos de expulsión contra migrantes que incurran en la “profanación de bandera”.
La medida revive el debate sobre la libertad de expresión, ya que la Corte Suprema reconoció en 1989, en el caso Gregory Lee Johnson, que quemar la bandera constituye una forma de protesta protegida por la Primera Enmienda. No obstante, la administración Trump argumenta que estos actos pueden generar disturbios o acciones ilegales y, por lo tanto, no deberían quedar impunes.
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Trump defendió la iniciativa asegurando que el tribunal “nunca ha protegido actos que inciten a la violencia o a delitos inminentes”, y calificó la bandera como “el símbolo más sagrado de la nación”. Esta acción se suma a políticas previas de su gobierno, como la ley de estatuas y monumentos, que contempla hasta 10 años de prisión por vandalizar símbolos históricos.
Aunque la constitucionalidad de la orden podría ser impugnada, ya marca un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de la protesta en Estados Unidos.