Un encuentro entre el Gobierno de Colombia y disidentes de las FARC, realizado tras un ataque que dejó 13 policías muertos, generó gran polémica nacional
El Gobierno de Colombia confirmó que el viernes pasado mantuvo conversaciones con un grupo de guerrilleros disidentes de las FARC, apenas un día después de que los insurgentes atacaran a la fuerza pública con drones y fusiles, provocando la muerte de 13 policías en Antioquia. La reunión, desarrollada en las montañas del Valle del Yarí, desató una ola de cuestionamientos por parte de sectores opositores y autoridades regionales.
El ataque ocurrió el jueves, cuando hombres bajo el mando de alias “Calarcá” derribaron un helicóptero de la Policía e hicieron frente a una misión de erradicación de cultivos ilícitos. Pese a la gravedad de los hechos, los representantes gubernamentales asistieron al encuentro en el sur del país. Según explicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se trató de “un encuentro masivo (…) en el que estuvieron los delegados de las FARC-EP (…) con el fin de recolectar insumos para el séptimo ciclo (de conversaciones)”.
La violencia no se detuvo en Antioquia. Horas después, otro grupo disidente, liderado por alias “Iván Mordisco”, detonó un camión bomba en Cali, dejando seis muertos y más de 60 heridos. Este doble episodio convirtió la jornada en una de las más sangrientas de 2025 y profundizó las dudas sobre la estrategia de paz del presidente Gustavo Petro.
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Las críticas no tardaron en llegar. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la decisión oficial de continuar el diálogo: “Cómo va a ser que un día después de haber asesinado a 13 policías y sin tener en cuenta todo el historial terrorista de alias Calarcá, el Gobierno nacional diga que reabre las negociaciones con un criminal de semejante pelambre”.
Mientras tanto, las autoridades desplegaron una operación de seguridad en Cali y prometieron medidas para frenar lo que calificaron como “terrorismo y crimen”. Sin embargo, el escenario refleja la fragilidad del proceso de paz.
Tras la firma del acuerdo de 2016, que logró el desarme de la mayoría de las FARC, el vacío de poder en varias regiones fue ocupado por facciones disidentes, paramilitares y carteles vinculados al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Actualmente, las facciones encabezadas por Calarcá e Iván Mordisco, enfrentadas entre sí, mantienen presencia en territorios estratégicos y son señaladas de estar detrás de atentados de alto impacto, incluido el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe.
Con las elecciones de 2026 en el horizonte, la seguridad de los aspirantes y la creciente violencia en los territorios se perfilan como temas clave en la agenda política. A menos de un año de concluir su mandato, Petro aún está lejos de alcanzar un acuerdo definitivo que logre desarmar a los grupos armados ilegales que mantienen en vilo a la nación.
