
A partir del 1 de septiembre de 2025, la Suprema Corte estará integrada por nueve ministros electos por voto popular, un hecho inédito en la historia de México
Por primera vez en la historia del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedará conformada por nueve ministros que llegaron al cargo mediante el voto ciudadano. A partir del 1 de septiembre de 2025, el máximo tribunal del país funcionará con este nuevo pleno que combina perfiles con trayectoria previa en la Corte y figuras que se incorporan con agendas específicas en derechos humanos, transparencia y acceso a la justicia.
Uno de los nuevos integrantes es Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco que ha dedicado su labor a la defensa de los pueblos indígenas. Durante su campaña prometió acercar la justicia a los territorios, realizar visitas presenciales y promover resoluciones basadas en “la verdad real”. Además, se pronunció por fortalecer el enfoque multidisciplinario y ampliar la participación del amicus curiae.
Lenia Batres Guadarrama, ministra desde 2023, refrendó su lugar tras las elecciones. Su eje principal es acercar la Corte a la ciudadanía y garantizar transparencia en su funcionamiento, con un combate a los privilegios y la ampliación de los servicios de acceso a la justicia.
También seguirá en funciones Yasmín Esquivel Mossa, ministra desde 2019, quien en su plataforma de campaña planteó un acceso efectivo a la justicia con enfoque en derechos humanos, imparcialidad y atención a sectores vulnerables.
Otra integrante reelecta es Loretta Ortiz Ahlf, ministra desde 2021. Su propuesta central se basó en audiencias públicas antes de resolver casos de relevancia y en un programa de itinerancia para llevar sesiones y audiencias a distintos municipios, con el fin de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana.
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Entre las nuevas incorporaciones está María Estela Ríos González, abogada con larga experiencia en derecho laboral y exconsejera jurídica de la Presidencia. Su agenda prioriza resoluciones claras, procesos ágiles mediante tecnología y una visión de justicia con perspectiva de género.
El doctor en Derecho Constitucional Giovanni Azael Figueroa Mejía centró su campaña en la necesidad de integrar a la Corte con perfiles técnicos, cercanos a la ciudadanía y con sentencias comprensibles que refuercen la transparencia.
Otro de los elegidos es Irving Espinosa Betanzo, exmagistrado anticorrupción de la Ciudad de México. Su compromiso es “juzgar con valores, no con favores”, con honestidad y combate a la corrupción. Además, busca fortalecer la rendición de cuentas, la capacitación en derechos humanos y un lenguaje claro en las resoluciones.
El doctor Arístides Rodrigo Guerrero García planteó un modelo de Corte itinerante con sesiones públicas en comunidades y universidades. También propuso adoptar lenguaje accesible, formatos inclusivos —como lenguas indígenas, braille y audio— y el uso de Inteligencia Artificial para agilizar procesos judiciales.
Finalmente, Sara Irene Herrerías Guerra, extitular de la Fiscalía de Derechos Humanos, prometió una justicia menos formalista y más centrada en resolver conflictos, con la SCJN como garante de los precedentes en materia de derechos humanos y con mayor cercanía a la ciudadanía.
Con este nuevo pleno, la Corte mexicana inicia una etapa inédita, marcada por la elección directa de sus ministros y el compromiso de responder a las demandas de una sociedad que exige transparencia, imparcialidad y acceso efectivo a la justicia.