En su segundo mandato, Trump ha multiplicado las investigaciones y despidos contra críticos, exfuncionarios y opositores que cuestionaron su gestión
Donald Trump ha convertido su segundo mandato en una etapa marcada por acciones directas contra quienes considera sus adversarios políticos. El presidente de Estados Unidos no solo ha desempolvado viejas disputas, sino que ha impulsado investigaciones y destituciones de figuras clave que en el pasado participaron en procesos de juicio político, rechazaron sus acusaciones de fraude electoral o cuestionaron sus resultados de gobierno.
El republicano mantiene viva su disputa con Barack Obama y Hillary Clinton, a quienes acusa de difundir información falsa sobre la presunta injerencia rusa en los comicios de 2016. En línea con esa narrativa, la actual directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, pidió que se procese a antiguos altos funcionarios de la administración Obama por lo que describió como “conspiración traicionera”.
Otro frente abierto es el de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, impulsora de una demanda civil que acusa a Trump de inflar de manera ilegal el valor de sus propiedades para obtener beneficios financieros. En respuesta, el Departamento de Justicia federal inició pesquisas para determinar si la oficina de James violó los derechos del mandatario.
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Trump también ha ordenado revisar la actuación de excolaboradores de su primer mandato. Miles Taylor, exresponsable de Seguridad Nacional, es señalado por inventar relatos para lucrar con un libro crítico, mientras que Christopher Krebs, quien aseguró que las elecciones de 2020 fueron “las más seguras de la historia”, enfrenta ahora una investigación federal.
El alcance de las represalias incluye a exdirectores de agencias de inteligencia como James Comey, del FBI, y John Brennan, de la CIA, quienes son indagados por supuestas irregularidades en sus pesquisas sobre Rusia y por declaraciones consideradas engañosas ante el Congreso.
Las tensiones alcanzan al Capitolio: Adam Schiff, quien lideró el primer impeachment contra Trump en 2020, es investigado por presunto fraude hipotecario. Asimismo, Liz Cheney, copresidenta del comité que indagó el asalto del 6 de enero de 2021, enfrenta presiones para ser investigada por manipulación de pruebas.
La política económica tampoco escapa a las purgas. Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, fue destituida bajo acusaciones de fraude hipotecario, luego de que la Fed resistiera los llamados de Trump a bajar las tasas de interés. Erika McEntarfer, responsable de la Oficina de Estadísticas Laborales, también perdió el cargo tras difundir cifras de empleo que no coincidían con la narrativa oficial.
El fiscal especial Jack Smith, encargado de procesos clave contra Trump, como el manejo de documentos clasificados y el intento de revertir los resultados de 2020, ha sido blanco de ataques desde el Senado, donde el republicano Tom Cotton exigió revisar si sus acciones buscan incidir en el panorama electoral de 2024.
La lista de represalias se amplía con John Bolton, exasesor de seguridad nacional, cuya residencia fue allanada por el FBI, y con Jeffrey Kruse, exjefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, destituido tras un reporte que cuestionaba la eficacia de las ofensivas contra Irán.
Con este abanico de investigaciones y despidos, Trump consolida un estilo de gobierno que mezcla la revancha política con el control institucional. El mensaje es claro: en su segundo mandato, ningún crítico o disidente, sin importar el cargo que haya ocupado, queda fuera de su radar.
