El Senado recibió de Diputados una minuta que busca facultar al Congreso para legislar en materia de extorsión y unificar sanciones contra este delito
El Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados una minuta de reforma constitucional al artículo 73, con la cual se pretende otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de extorsión en todo el país. La propuesta busca uniformar el tipo penal, las agravantes y las sanciones vinculadas a este delito, mejor conocido en varias regiones como cobro de piso.
El documento fue turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, que deberán realizar el análisis correspondiente. De acuerdo con el planteamiento, se busca establecer un marco normativo de carácter nacional que permita homologar los castigos y las medidas de prevención frente a esta práctica delictiva.
La iniciativa contempla acciones encaminadas a fortalecer la prevención, la investigación y la atención de víctimas, ofendidos y testigos. Las cifras más recientes muestran la urgencia de legislar en la materia. En 2023, el costo total derivado de la inseguridad y el delito para las unidades económicas del país ascendió a 124.3 mil millones de pesos, equivalente al 0.51 por ciento del Producto Interno Bruto.
Ese mismo año, alrededor de 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, lo que representó el 27.2 por ciento de las unidades económicas del país. La extorsión se colocó como la agresión más común, con una tasa de prevalencia de mil 562 casos por cada 10 mil negocios.
La propuesta se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que plantea la necesidad de contar con una ley general capaz de articular políticas de prevención y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a fin de enfrentar de manera más efectiva la expansión de la extorsión.
En la misma sesión legislativa, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, tomó protesta a los consejeros honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Este órgano de consulta, previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, está integrado por familiares de víctimas, especialistas en búsqueda y representantes de organizaciones civiles.
Los consejeros ejercerán su cargo por tres años sin posibilidad de reelección y no podrán desempeñar funciones como servidores públicos. Entre quienes rindieron protesta se encuentran Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Francisco Javier Espinosa Granados, Diana Gutiérrez Cerqueda y José Andrés Méndez Ñeco como familiares; Alejandra Maritza Cartagena López, Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda como especialistas; además de Emanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamez Murguía, Francisco Lugo Silva y Gerardo Jessel Islas Villagómez como representantes de la sociedad civil.
La senadora Laura Itzel Castillo deseó éxito a los nuevos integrantes, subrayando la importancia de su labor en el acompañamiento y fortalecimiento de las tareas de búsqueda en el país.
