Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), adelantó que el Congreso intensificará la revisión del marco legal que regula a las empresas gaseras y al transporte de combustibles que circulan por las carreteras nacionales.
La explosión de una pipa de combustible en el Puente de la Concordia en Iztapalapa reavivó en la Cámara de Diputados el debate sobre la seguridad en el traslado de materiales peligrosos.
Monreal recordó que varias gaseras tienen antecedentes de irregularidades y accidentes, generando preocupación en la sociedad. Como coordinador de Morena en San Lázaro, señaló que se están planteando para que las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Energía analicen en breve posibles modificaciones normativas.
El objetivo es imponer mayores restricciones en horarios y rutas, así como reforzar la supervisión para prevenir tragedias similares.
Actualmente, la regulación vigente se basa en tres instrumentos: la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con su última reforma publicada en diciembre de 2023; el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, que incluye especificaciones técnicas, medidas de seguridad, señalización, límites de velocidad y protocolos de emergencia; y las iniciativas legislativas en curso relacionadas con la descarbonización del transporte, que podrían incorporar nuevas normas de seguridad y restricciones ambientales, aunque aún no incluyen reglas específicas sobre rutas u horarios para el transporte de combustibles.
En la conferencia “Legislativa del Pueblo”, Monreal reconoció que este accidente demuestra los riesgos de transportar hidrocarburos y gas en vías congestionadas, por lo que insistió en la necesidad de ser más estrictos con las empresas y conductores responsables, buscando que el Congreso avance en reformas pendientes.
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Por su parte, Luis Humberto Fernández Fuentes, presidente de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres en la Cámara de Diputados, subrayó la importancia de atender el caso con seriedad y sin reacciones apresuradas. Aclaró que aunque la tragedia es grave, no debe generalizarse para juzgar toda la industria.
Sobre la legislación actual, señaló que ya existen mecanismos para sancionar a los responsables. Al ser cuestionado sobre posibles cambios legales para evitar sucesos similares, Fernández pidió cautela y basarse en evidencia. Respecto a permisos y concesiones de las empresas involucradas, enfatizó que no solo se trata de cancelar permisos, sino que hay una responsabilidad penal que va más allá de la parte administrativa.
Resaltó que en este tipo de incidentes hay dos niveles de responsabilidad: administrativa y penal. Finalmente, reiteró su compromiso de dar seguimiento a las investigaciones y asegurar que las medidas preventivas y sancionatorias se apliquen conforme a la ley, evitando decisiones apresuradas o generales sin respaldo en hechos comprobados.
