El presidente ecuatoriano Daniel Noboa tomó la decisión de suprimir el subsidio al diésel, lo que provocará un aumento en su precio, que pasará de 1.80 a 2.80 dólares por galón, equivalente a unos 51 pesos mexicanos.
Esta medida impacta directamente en el sector automotriz y representa una eliminación de subsidios estimada en aproximadamente 1,100 millones de dólares anuales. El mandatario prometió que se brindará apoyo económico a los sectores más vulnerables de la población.
Según el decreto oficial firmado por Noboa, el precio del diésel destinado al uso automotriz será de 2.80 dólares por galón. Cabe recordar que en el pasado, otras administraciones que intentaron incrementar el costo de los combustibles enfrentaron fuertes disturbios sociales.
En esta ocasión, las autoridades argumentan que el subsidio vigente venía siendo aprovechado principalmente para actividades ilegales como el contrabando y la minería informal, así como por personas que no lo necesitaban, por lo que se ha decidido redirigir los recursos hacia otros sectores prioritarios. Entre ellos se incluyen apoyos para el transporte público, pequeños productores agrícolas y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
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Este nuevo precio para el diésel entrará en vigor el 13 de septiembre de 2025 y se mantendrá hasta el 11 de diciembre del mismo año. A partir de esa fecha, se aplicará un mecanismo de estabilización para proteger al consumidor de los vaivenes del mercado internacional, tal como lo establece el decreto presidencial.
Históricamente, la eliminación de subsidios a los combustibles ha sido una medida que genera tensiones sociales en Ecuador. Sin embargo, el gobierno de Noboa busca evitar mayores conflictos asegurando que el costo del transporte público no se incrementará. A través de un comunicado publicado en la red social X, el Ejecutivo anunció que se destinarán 220 millones de dólares en ayudas económicas directas al transporte de pasajeros y que el transporte comercial recibirá una compensación temporal durante tres meses.
Además, los fondos liberados por esta medida permitirán al gobierno ampliar la cobertura de un bono social, acelerar la devolución de impuestos a personas mayores y al sector inmobiliario, así como ofrecer equipo y asistencia económica a pequeños productores en diversas regiones del país.
