El Senado aprobó por unanimidad una reforma al artículo 73 que permitirá crear una ley general contra la extorsión y homologar sanciones en todo México
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que busca enfrentar de manera integral el delito de extorsión en México. Con 106 votos a favor de todos los grupos parlamentarios, se modificó el artículo 73 de la Constitución, otorgando al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en esta materia.
La medida permitirá homologar la tipificación del delito, sus agravantes y sanciones en todas las entidades, además de establecer mecanismos de atención a víctimas bajo un mismo marco jurídico. Con ello, la persecución de la extorsión dejará de depender únicamente de las legislaciones estatales, eliminando vacíos legales que han favorecido la impunidad.
De acuerdo con el dictamen, el nuevo esquema contempla cinco ejes estratégicos: investigaciones prioritarias para detener a generadores de violencia, creación de unidades antiextorsión locales, protocolos de atención temprana a víctimas, fortalecimiento de la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión, así como campañas de prevención a nivel nacional.
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La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, remitió el proyecto a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su análisis. Subrayó que la iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y representa un paso firme para proteger a las familias.
Durante la presentación del dictamen, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que la homologación cerrará espacios de impunidad y permitirá una coordinación más efectiva entre los tres niveles de gobierno. Aseguró que este delito se ha extendido en diversas modalidades y constituye una “sombra letal” para la sociedad.
Lucía Trasviña, titular de la Comisión de Seguridad, advirtió que la extorsión es una práctica utilizada por el crimen organizado para financiar sus operaciones, afectando hogares, negocios y comunidades enteras.
Por su parte, la priista Carolina Viggiano Austria señaló que el “cobro de piso” en negocios ha desalentado las denuncias debido a la impunidad, por lo que consideró indispensable unificar criterios en el Código Penal Federal y en las entidades.
La panista Verónica Rodríguez Hernández recordó que en el primer semestre del año se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión, según datos de la Coparmex. Afirmó que su bancada respalda la homologación de sanciones, aunque advirtió que “legislar no lo resuelve todo” y que será necesario aplicar una estrategia eficaz.
Con esta reforma, el Senado busca dotar de herramientas al Estado para combatir un delito que ha escalado hasta convertirse en uno de los más dañinos para la vida económica y social del país.
