
Rafie Shouhed, ciudadano estadounidense de 79 años, anunció que busca una compensación de 50 millones de dólares por el trato recibido durante un operativo del ICE en su autolavado
Un ciudadano estadounidense de 79 años identificado como Rafie Shouhed presentó una reclamación contra el gobierno de Estados Unidos por el violento operativo en el que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo derribaron al piso durante una redada en su negocio de autolavado en Los Ángeles. La solicitud busca una indemnización de 50 millones de dólares.
De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, varios agentes enmascarados y fuertemente armados lo sometieron con brusquedad, llegando a colocarle una rodilla en el cuello mientras lo mantenían inmovilizado. Tras su detención, permaneció bajo custodia casi 12 horas sin recibir atención médica, a pesar de sus insistentes advertencias de tener problemas cardíacos. “La forma en que me trataron, la forma en que me atacaron. Les rogaba (diciendo) ‘Tengo un problema cardíaco’”, declaró en conferencia de prensa.
El microempresario de origen iraní, que llegó al país en la década de 1980, aseguró que al intentar dialogar con los agentes solo recibió una respuesta: “No jodas con ICE”. Los abogados del afectado sostienen que Shouhed fue liberado sin cargos, pero con lesiones graves que incluyeron costillas fracturadas, heridas en el codo y traumatismos cerebrales, por lo que posteriormente fue atendido en un hospital.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que la redada del 9 de septiembre permitió detener a cinco personas originarias de Guatemala y México, a quienes acusó de violar leyes migratorias. La dependencia también indicó que el dueño del Autolavado Valley fue arrestado por presuntamente obstaculizar la operación, aunque la defensa de Shouhed sostiene que los videos muestran cooperación.
El caso ha generado críticas por la forma en que se ejecutan los operativos de ICE en Los Ángeles, ciudad con una gran población migrante, donde se cuestiona que los procedimientos afecten a comunidades latinas o a negocios con mano de obra extranjera.