
El Senado aprobó cambios a la Ley de Amparo y otras normas fiscales, lo que generó fuertes diferencias entre la oposición y la mayoría oficialista
El Senado de la República aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objetivo de limitar recursos que, según Morena y sus aliados, habían sido utilizados para retrasar el pago de créditos fiscales ya firmes.
Los ajustes buscan impedir que las y los contribuyentes recurran de manera sistemática a medios legales como el juicio contencioso administrativo, la revocación o el propio amparo, cuando estos solo prolongaban los procesos y afectaban la recaudación del Estado.
Desde la bancada de Acción Nacional se levantaron críticas contundentes. El senador Raymundo Bolaños afirmó: “Esta reforma es la respuesta a la incapacidad de quienes litigan desde el gobierno. Ya destruyeron al Poder Judicial y al frente de las resoluciones están las personas juzgadoras electas popularmente. Y aun así, hoy van a destruir los medios de defensa de las y los contribuyentes, y lo van a hacer con otro albazo”.
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La oposición advirtió que una de las consecuencias más graves será la desaparición de la figura del amparo colectivo, un mecanismo al que han recurrido comunidades enteras para protegerse de proyectos o acciones gubernamentales que afectan al medio ambiente o a la vida en común de los pueblos.
Por su parte, Morena y partidos aliados defendieron que la legislación anterior provocaba un uso ineficiente de los recursos públicos, además de generar rezagos en la recaudación y comprometer la sostenibilidad financiera del país.
Con la aprobación de estas reformas en lo general, el oficialismo subrayó que se busca agilizar los procesos fiscales, mientras que la oposición sostiene que se vulneran derechos fundamentales de defensa frente al Estado.