La tensión entre la Casa Blanca y las autoridades locales continúa creciendo en torno a la estrategia de seguridad y control migratorio del mandatario.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este sábado el envío de 300 elementos de la Guardia Nacional a Chicago, al tiempo que una jueza federal bloqueó temporalmente el despliegue de tropas federales en Portland, una ciudad también gobernada por el Partido Demócrata.
Chicago y Portland se han convertido en focos recientes dentro de la ofensiva de Trump contra la migración ilegal y las protestas sociales. En semanas previas, ya se habían desplegado fuerzas federales en ciudades como Los Ángeles y Washington. La administración argumenta que estos operativos buscan combatir el aumento de crímenes y frenar las manifestaciones que han surgido en rechazo a las políticas de deportación masiva impulsadas por el gobierno federal.
Sin embargo, el plan ha sido duramente criticado por autoridades estatales y locales, especialmente en las ciudades demócratas, quienes han acudido a instancias judiciales para frenar la llegada de tropas. En este contexto, la jueza federal Karin Immergut emitió una resolución que impide temporalmente el despliegue ordenado por Trump en Portland. La medida deja en pausa la directiva presidencial anunciada a finales de septiembre, que pretendía justificar el uso de la Guardia Nacional como herramienta para controlar el ingreso ilegal de migrantes.
Trump ha descrito a Portland como una ciudad “arrasada por el crimen” y sumida en el caos, pero la jueza Immergut desestimó estas afirmaciones al considerar que no hay evidencia que sustente un escenario de “rebelión” o violencia fuera de control. En su fallo, señaló que las fuerzas de seguridad regulares son suficientes para manejar la situación actual, contradiciendo la narrativa de emergencia nacional impulsada desde Washington.
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La escalada de tensiones también alcanzó al estado de Illinois, donde el gobernador JB Pritzker denunció que la Casa Blanca lo presionó para desplegar tropas estatales bajo amenaza de que lo harían sin su consentimiento. En respuesta, el senador Ron Wyden, representante de Oregón, aplaudió la decisión judicial, argumentando que “esta victoria refleja lo que los habitantes de Oregón ya saben: no necesitamos ni queremos tropas federales generando violencia en nuestro territorio”.
La autorización para enviar 300 soldados a Chicago se dio después de un incidente violento en esa ciudad la mañana del sábado. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un tiroteo se desató cuando agentes federales fueron rodeados por una decena de vehículos. En ese contexto, un agente disparó contra un conductor que presuntamente portaba un arma.
Según el reporte oficial del DHS, los oficiales se vieron obligados a hacer uso de sus armas en defensa propia, y el individuo herido logró trasladarse por cuenta propia a un hospital. No obstante, la agencia AFP no pudo verificar de manera independiente esta versión de los hechos.
El vocero del DHS, McLaughlin, acusó además a la policía local de Chicago de abandonar la escena del tiroteo y negarse a colaborar con los federales para asegurar el área. Por su parte, el Departamento de Policía de Chicago declaró al medio local Fox 32 que sí respondieron al llamado, pero que su personal no está vinculado directamente al incidente ni participa en su investigación.
