El Congreso de la Ciudad de México analiza triplicar la pena a quienes agredan a policías tras los ataques sufridos el 2 de octubre
La propuesta legislativa surge luego de las agresiones contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la marcha del 2 de octubre. La iniciativa busca aumentar las sanciones contra quienes atacan físicamente a uniformados, señalando que los ataques a policías son cada vez más frecuentes y requieren medidas más estrictas.
La Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso indicó que “El ataque a un policía no debe tratarse como un delito menor; debe ser tipificado como la gravedad que lo merece, especialmente cuando se pone en riesgo la vida o se obstaculiza el cumplimiento del deber.”
Actualmente, las penas por agredir a un oficial van de uno a tres años de prisión. La iniciativa propone modificar el Código Penal para que los agresores puedan recibir entre tres y nueve años de cárcel, triplicando así las sanciones vigentes.
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“Esta iniciativa es un mensaje de respaldo a todas y todos los policías que también son madres, padres, hijas, hijos; que también los esperan en casa y que salen a trabajar arriesgando su vida por todos nosotros”, señaló la legisladora, destacando la importancia de reconocer el riesgo que enfrentan los uniformados en su labor diaria.
Asimismo, puntualizó que la propuesta no busca otorgar privilegios ni aumentar castigos de forma desmedida, sino proteger mejor a quienes cumplen con su deber:
“Defender el derecho a la protesta no significa tolerar la violencia, por eso esta iniciativa no busca privilegios, sino equilibrio; no busca castigar más, sino proteger mejor”.
Finalmente, enfatizó la necesidad de un respeto mutuo entre ciudadanos y policías:
“El respeto debe ser mutuo: no toleraremos agresiones a policías en cumplimiento de su deber, pero tampoco agresiones de policías a ciudadanos.”
La iniciativa aún se encuentra en análisis y podría someterse a discusión en comisiones y posteriormente al pleno del Congreso capitalino, donde se evaluará su viabilidad y posibles ajustes antes de convertirse en ley.
