Estados Unidos alcanzó en 2025 su cifra más alta de ejecuciones en más de una década, con 37 casos registrados hasta octubre, encabezados por el estado de Florida
Estados Unidos vive un repunte histórico en la aplicación de la pena de muerte. Con 37 ejecuciones realizadas hasta octubre, el país alcanzó su cifra más alta en más de diez años, un incremento que ha encendido el debate sobre la vigencia y los métodos de esta práctica. Florida se mantiene como el estado con mayor número de ejecuciones en 2025, con un total de 14, seguido de Texas, Carolina del Sur y Alabama.
El martes se llevaron a cabo dos ejecuciones el mismo día. En Florida, Samuel Smithers, de 72 años, fue ejecutado mediante inyección letal a las 18:15 horas locales. Smithers había sido condenado por los asesinatos de Christy Cowan y Denise Roach, ocurridos en 1996 en Tampa. Ambas mujeres fueron golpeadas y estranguladas antes de ser encontradas en un estanque, y el caso derivó en su condena a muerte en 1999.
Ese mismo día, Misuri ejecutó a Lance Shockley, de 48 años, también mediante inyección letal. Shockley fue declarado culpable del asesinato del sargento Carl Graham en 2005, un oficial que investigaba un accidente de tráfico en el que el propio Shockley estaba involucrado. Aunque el acusado siempre sostuvo su inocencia, sus apelaciones fueron rechazadas por diversos tribunales, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos. Su solicitud de clemencia fue denegada por el gobernador Mike Kehoe un día antes de la ejecución.
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Las autoridades tienen programadas dos ejecuciones más para esta misma semana. Charles Crawford, de 59 años, será ejecutado en Misisipi por la violación y asesinato de una estudiante universitaria de 20 años en 1994. En tanto, Richard Djerf, de 55 años, enfrentará la pena capital en Arizona por el homicidio de cuatro miembros de una familia en 1993.
De acuerdo con los registros más recientes, 31 ejecuciones en lo que va del año se han realizado por inyección letal, mientras que otras se llevaron a cabo por fusilamiento o hipoxia de nitrógeno, métodos que han suscitado polémica por su potencial para causar dolor o fallos en el proceso.
Actualmente, 23 estados han abolido la pena de muerte y otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes. Sin embargo, los estados del sur continúan aplicando castigos capitales de forma constante, incluso con reformas legales que amplían las opciones de ejecución.
Florida, por ejemplo, aprobó recientemente una ley que permite aplicar la pena de muerte mediante “cualquier método no considerado inconstitucional”. Esta medida ha generado fuertes críticas de juristas y organizaciones de derechos humanos, que consideran que la falta de regulación clara podría derivar en procedimientos inhumanos o arbitrarios.
La tendencia ascendente de ejecuciones en 2025 contrasta con el declive registrado durante la última década. En 2024, el total nacional fue de 25 casos, mientras que en 2013 se reportaron 39. Analistas atribuyen el aumento actual a políticas estatales más duras y a la reducción de recursos legales que antes prolongaban los procesos judiciales.
El incremento también reaviva el debate sobre la ética y la eficacia de la pena capital en un sistema judicial que ha reconocido errores en múltiples condenas. Organizaciones civiles subrayan que, a pesar de las innovaciones tecnológicas, el riesgo de ejecutar a inocentes sigue presente, y que los métodos alternativos como la hipoxia de nitrógeno aún carecen de estudios concluyentes sobre su humanidad.
Con este panorama, Estados Unidos se enfrenta a una de las cifras más elevadas de ejecuciones de los últimos tiempos, mientras los defensores de los derechos humanos advierten que la búsqueda de justicia no debe confundirse con la perpetuación de la violencia institucionalizada.
