El Congreso analiza una propuesta que busca hacer obligatoria la capacitación en igualdad de género y derechos humanos para quienes aspiren a un cargo público
El diputado local de Morena, Alberto Vanegas, presentó una iniciativa que plantea que todas las personas que busquen un cargo de elección popular estén obligadas a recibir formación en temas de igualdad de género, derechos humanos, diversidad sexual y prevención de la violencia política.
La propuesta contempla reformas a cuatro artículos del Código de Procedimientos e Instituciones Electorales, con el propósito de que esta capacitación sea un requisito previo para quienes aspiren a la jefatura de gobierno, una diputación o una alcaldía.
Vanegas señaló que la medida se inspira en una reforma ya aprobada por el Congreso de Puebla. En caso de ser avalada, el artículo 18 del Código Electoral establecerá que para contender por un puesto público será indispensable acreditar “la asistencia al curso de paridad de género, Derechos Humanos y Diversidad Sexual, así como de prevención, atención y erradicación de la violencia política por razón de género y no discriminación en contra de las personas LGBTTTI”.
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El legislador argumentó que la iniciativa busca atender un vacío legal. “Actualmente hay una ausencia de un marco normativo que regule de manera específica las violencias en contra de las mujeres y de las poblaciones de la diversidad sexual; es necesario diseñar y establecer herramientas de actuación que permitan combatir y eliminar dichas violencias en el ámbito público y político”, expresó.
De acuerdo con Vanegas, la violencia política de género continúa siendo una de las principales barreras para la participación plena de las mujeres y de las personas con identidades de género diversas. Este tipo de agresión se manifiesta cuando se intenta limitar, obstaculizar o anular los derechos políticos de una persona en función de su género.
Entre las formas más comunes de violencia política se encuentran la restricción del derecho a ser votada, la obstrucción del acceso a cargos públicos, la descalificación o difamación de mujeres que ejercen funciones políticas, así como amenazas o presiones para que renuncien a un cargo. También se incluyen expresiones simbólicas o mediáticas que reproducen estereotipos de género y fomentan el discurso de odio.
Para erradicar este tipo de violencia, la iniciativa enfatiza la necesidad de aplicar sanciones administrativas y penales a los responsables, crear mecanismos de denuncia accesibles y seguros, y promover una formación permanente en perspectiva de género dentro de los partidos, las instituciones y los medios de comunicación.
El diputado añadió que la educación en materia de igualdad es esencial para fortalecer la democracia y fomentar una cultura política incluyente, donde la paridad y el respeto sean principios fundamentales.
