
El caso de un grupo de religiosas que rompió públicamente con la Iglesia católica en España ha evolucionado de un conflicto doctrinal a un proceso penal.
Dos mujeres que pertenecieron al Monasterio de Santa Clara de Belorado, en Burgos, y que fueron excomulgadas en 2024, quedaron bajo la mira de la Justicia por su presunta participación en la comercialización ilegal de piezas de arte religioso con varios siglos de antigüedad.
Las exmonjas fueron detenidas de manera temporal y posteriormente puestas en libertad provisional por orden de un tribunal de Burgos, aunque la investigación continúa abierta. Las autoridades las indagan por un posible delito de apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio cultural. Un anticuario que habría recibido parte del material también quedó libre tras declarar ante las autoridades.
El origen del conflicto se remonta a mayo de 2024, cuando un grupo de religiosas del convento anunció su ruptura con el Vaticano, acusando al papa Francisco de ser un “usurpador”. Desde entonces, las mujeres se alinearon con el movimiento sedevacantista, corriente que no reconoce a ningún pontífice posterior a Pío XII. La tensión creció en agosto, cuando se negaron a cumplir una orden judicial que ordenaba abandonar el convento.
Según las primeras pesquisas, varias piezas históricas del monasterio habrían sido ofrecidas a través de sitios de venta en línea o mediante intermediarios del mercado de antigüedades. Entre los objetos identificados se encuentra una escultura religiosa del siglo XVII que habría sido promocionada como artículo de colección.
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La operación policial incluyó cateos en distintos recintos vinculados a las religiosas, con el objetivo de localizar obras que pudieran formar parte del patrimonio cultural protegido. A la salida de los juzgados, las exmonjas insistieron en que no han cometido ningún delito. Su abogado confirmó que no se les impusieron medidas cautelares y declaró que todavía desconoce el alcance completo de las pesquisas.
Mientras tanto, las religiosas mantienen su postura: aseguran que su separación de la Iglesia responde a motivos doctrinales firmes y afirman estar dispuestas a sostener su decisión “aunque lo pierdan todo”.
Por ahora, las autoridades continúan investigando tanto la supuesta venta irregular de bienes del convento como la situación jurídica del inmueble que las exmonjas siguen ocupando.







