La Comisión de Disciplina del Poder Judicial suspendió a una jueza federal por presuntas agresiones físicas y verbales contra una compañera, mientras avanza la investigación
La Comisión de Disciplina del Poder Judicial de la Federación determinó la suspensión de una jueza federal luego de acreditarse indicios de conductas violentas reiteradas en perjuicio de una compañera de trabajo. La medida fue adoptada ante la gravedad de los señalamientos y mientras se desarrolla el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.
La resolución fue tomada por la Comisión de Disciplina, órgano que preside el magistrado Rufino H. León Tovar, y se refiere a una juzgadora que asumió funciones el 15 de septiembre del año pasado. De acuerdo con la indagatoria realizada por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Disciplina Judicial, los hechos se habrían cometido cuando la ahora suspendida se desempeñaba como secretaria en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
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Las diligencias permitieron reunir elementos que apuntan a agresiones verbales y físicas contra una compañera. Entre los actos señalados se encuentran insultos con lenguaje altisonante, gestos obscenos y conductas orientadas a denostar y desacreditar a la denunciante dentro del entorno laboral. Asimismo, se documentaron empujones y una patada en la espinilla de la pierna izquierda.
La investigación también refiere un hecho particularmente grave, consistente en la colocación de una sustancia presuntamente fecal tanto en la silla de la trabajadora afectada como en un documento resguardado en los cajones de su área de trabajo. Estos elementos fueron considerados suficientes para la adopción de medidas cautelares inmediatas.
Durante su primera sesión de 2026, la Comisión de Disciplina resolvió ordenar la suspensión del cargo de la jueza y estableció restricciones estrictas para proteger a la denunciante. Entre ellas, se determinó la prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto con la probable víctima y con los testigos, ya sea de manera directa o a través de terceros, por medios personales, institucionales o electrónicos.
La resolución también impide a la jueza acercarse al domicilio, lugar de trabajo o estudios de la denunciante, así como a los espacios que frecuenten sus familiares ascendientes o descendientes. De igual forma, se le prohibió realizar cualquier acto de intimidación, amenaza o molestia en los ámbitos social y laboral de la afectada.
La jueza permanecerá separada de sus funciones hasta que el Tribunal de Disciplina Judicial concluya el procedimiento de responsabilidad administrativa y emita una determinación definitiva sobre el caso.
