Los legisladores que sean inhabilitados estarán imposibilitados para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas
El día de ayer el Senado de la República avaló una serie de reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal para aplicar la “muerte civil” a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción.
En medio de un acalorado debate, en donde se realizaron acusaciones en contra de todos los partidos, recordando varios casos de corrupción que han quedado impunes, senadores de Morena y de la oposición avalaron el dictamen que establece la inhabilitación definitiva de los servidores públicos que hayan cometido actos graves de corrupción, así como la inhabilitación temporal cuando dichos actos no causen daños, perjuicios o lucro alguno.
Además, la inhabilitación temporal, que podrá ser por un plazo de hasta diez años, se aplicará cuando el beneficio obtenido no exceda los 126 mil 735 pesos (mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización).
Asimismo, los legisladores que sean inhabilitados estarán imposibilitados para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, celebró dicha aprobación, pues dijo: “ya no tendrán una segunda oportunidad, ya no queremos más Layines, decir ‘robé, pero robé poquito’, no importa el monto lo que importa es el acto, la ofensa y haber abusado de la confianza de la ciudadanía”.
A pesar de que el proyecto fue avalado por unanimidad, los ánimos se encendieron en el pleno de la Cámara Alta, luego de que el senador por el PAN, Julen Rementería, cuestionara las acciones que ha emprendido el actúa gobierno para combatir la corrupción.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional también se manifestó a favor de la muerte civil, pues con eso se “salvaguarda los derechos humanos de los ciudadanos”.
El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados, donde deberá recibir el aval correspondiente.
? Con 110 votos en pro se aprueba en lo general el dictamen que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, en materia de inhabilitación permanente por hechos de corrupción.
— Senado de México (@senadomexicano) 21 de marzo de 2019
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