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A nueve años del derrame de químicos en los ríos Sonora y Bacanuchi; se desconoce si Grupo México cumplió con la mitigación del daño ambiental

El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, derramó más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando un área de 276 kilómetros cuadrados

Han pasado nueve años de una de las tragedias ambientales más perjudiciales para el país y, hasta la fecha, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desconoce si Grupo México cumplió con los ordenamientos de mitigación de daño en los ríos Sonora y Bacanuchi tras el derrame en la mina Buenavista del Cobre.

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El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, derramó más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando un área de 276 kilómetros cuadrados.

En un resolutivo obtenido por la organización civil Poder, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat enumera irregularidades detectadas en las zonas dañadas, entre ellas que “no se llevaron a cabo trabajos de remediación” al persistir altos niveles de contaminación por químicos como arsénico, vanadio y hierro.

Además, en una zona aledaña a la mina se ordenó la excavación, retiro y transporte del suelo contaminado y su confinamiento final, pero no existe información que confirme el rellenado del sitio con material de la localidad, lo que pone en duda la realización de los trabajos.

Tampoco existe constancia de que la Profepa haya realizado alguna inspección o vigilancia para corroborar la remediación.

Un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático fijó el costo del derrame tóxico en 20 mil 508.17 millones de pesos, de los que Grupo México cubrió mil 256.5 millones, 6.12% del total. Los impactos se concentran en el medio ambiente, la salud de la población y la economía local.

UNA HUELLA DEVASTADORA

Algunas omisiones detectadas por la Semarnat en la remediación:

  • Los vehículos que sacaron residuos peligrosos no contaban con permisos.
  • Hay inconsistencias en los reportes de Grupo México sobre el suelo extraído.
  • La Conagua no dio postura sobre la contaminación de sedimentos.
  • No hay constancia de que la Profepa haya vigilado las labores de remediación.

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Con información de Excélsior

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