Ernestina Godoy informó que la Procuraduría General de Justicia no cuenta con una imputación directa contra los cuatro policías que presuntamente cometieron el acto ilícito
En la actualidad cada vez son más frecuentes las denuncias por acoso o violación por parte de nuestras autoridades, pero lo peor es que ese miedo aumenta debido a la impunidad que existe en el país.
A pesar de contar con evidencias como un testimonio, videos, pruebas médicas y psicológicas tras el caso de una violación en contra de una menor de 17 años en Azcapotzalco, el acto podría quedar impune.
Ernestina Godoy informó que la Procuraduría General de Justicia no cuenta con una imputación directa contra los cuatro policías que presuntamente cometieron el acto ilícito, por lo que podrían quedar en libertad con la oportunidad de ser reintegrados en sus puestos.
Seguramente si no hay una imputación directa y no tenemos la posibilidad de integrar la carpeta con lo que tenemos para poder hacer una imputación van a tener que regresar a su trabajo, no vamos a fabricar culpables”, expresó Godoy después de la reunión de gabinete de seguridad.
La procuradora añadió que de no poderse integrar debidamente la carpeta de investigación no habría razón de mantener resguardados a los policías detenidos desde el sábado pasado, argumentando que respetaran tiempos y el proceso.
La violación de la menor no es el primer caso registrado en el que elementos policiales hacen abuso de su autoridad. De enero a junio de 2019, se han abierto en total 585 carpetas de investigación por el delito de violación, en general, en la capital del país, de las cuales, al menos 13 son por violaciones tumulturias.
Ante estos atroces hechos, mujeres han lanzado una campaña a través de redes sociales con el #NoMeCuidanMeViolan, para crear conciencia entre la sociedad y exigiendo justicia para que estos actos no queden impunes.
Uno de los casos que retumbó en los oídos de la sociedad mexicana fue el de una mujer que fue torturada sexualmente por soldados de la Marina en México por más de 11 horas.
Magdalena Saavedra vivió un infierno el 10 de mayo de 2013 cuando se encontraba en el interior de su casa. Marinos irrumpieron el domicilio, le colocaron un plástico en la cabeza e inicio su infierno.
Despúes de horas de golpes y tortura, la mujer fue violada en grupo y tras soportar 11 horas en manos de los oficiales accedió a firmar una confesión por la que ha pagado el precio de cinco años y medio de cárcel.
En el caso de Saavedra, los militares que la retuvieron durante más de 11 horas alegaron que su traslado a una sede clandestina y la tardanza en la puesta a disposición judicial estaban justificados, pues temían un ataque del cartel para recuperar los objetos asegurados y las personas retenidas.
En 2018, un juez determinó que no había pruebas suficientes para inculparla por los cargos de posesión de armas, tráfico de drogas y operación con recursos de procedencia ilícita.
El día de hoy está libre y junto con otras 28 víctimas, aviva el debate sobre las violaciones de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, poco después de que López Obrador anunciara la creación de un nuevo cuerpo militar, la Guardia Nacional, que garantice la seguridad del país.
Poco antes de salir de la cárcel, la comisión de derechos humanos de la Secretaría de la Marina quiso atraer su caso y ofrecerle una indemnización de más de 100.000 pesos aunque Magalena los rechazó.
Contenido Relacionado:
