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Acusado de desviar más de 500 mdp, aprehenden a excolaborador de Roberto Borge

Gabriel Mendicuti, exsecretario de Gobierno de Quintana Roo, fue aprehendido a la salida de una comida con empresarios de la entidad.

Este fin de semana, la Fiscalía de Quintana Roo confirmó la detención de Gabriel Mendicuti Loria, exsecretario de Gobierno de la entidad durante la administración de Roberto Borge. El exfuncionario está acusado de desempeño irregular de la función pública y de desviar más de 500 millones de pesos.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que Mendicuti fue detenido por “el delito de desempeño irregular de la función pública, en agravio al patrimonio del Estado y daño por 534 millones de pesos”.

Miguel Ángel Pech Cen, fiscal estatal, indicó que la detención del imputado se llevó a cabo en las inmediaciones de la Caleta en Puerto Aventuras, siendo trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en Playa del Carmen para realizarle una certificación médica, y ser trasladado posteriormente al Centro de Reinserción Social en la ciudad de Chetumal.

La noche de este sábado Mendicuti llegó a las instalaciones de la fiscalía a bordo de un automóvil Ford Focus con placas UUD 480 D. Viajaba en la parte trasera del mismo y llevaba consigo su teléfono celular.

Al decender del vehículo se le veía sereno y serio. Cabe destacar que no se encontraba esposado y a su lado caminaba un agente de la fiscalía estatal.

Gabriel Mendicuti había sido visto horas antes en Cancún, en una comida en la cual empresarios de Quintana Roo conversaron con José Antonio Meade. Terminado el evento regresó a Puerto Aventuras, perteneciente al municipio de Solidaridad, donde finalmente se realizó la detención.

Además de secretario de Gobierno, Mendicuti fue presidente de Solidaridad, así como secretario de Infraestructura y Transporte y de Agricultura en el gobierno de Félix González.

El juez que concedió la orden de aprehensión determinó que existen evidencias sustentables para su detención, ya que se le acusa de desempeño irregular de la función pública y de daño al patrimonio público por 534 millones de pesos, de acuerdo con la carpeta de investigación 151/2017.

 

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