El acaparamiento del exgobernador afecta a cerca de 100 localidades agrícolas en plena crisis hídrica.
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, enfrenta nuevas acusaciones por el impacto ambiental de la infraestructura hidráulica construida en su propiedad, el rancho El Saucito. De acuerdo con autoridades federales, la presa ubicada en dicho predio habría privado de agua a decenas de comunidades indígenas en los municipios de El Tule y Balleza.
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Román Alcántar Alvidrez, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado, informó que la represa tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 700 mil metros cúbicos, lo que ha agravado la situación de sequía en al menos un centenar de comunidades rurales, muchas de ellas dedicadas a la agricultura.
Duarte, actualmente en libertad condicional por cargos de peculado agravado, ha sido señalado por acaparar recursos hídricos en un contexto de emergencia climática que azota al estado norteño. Según Conagua, la presa fue construida de forma sólida y con capacidad suficiente para alterar el abasto regional.
La sequía amenaza con desplazar a comunidades enteras
La crisis hídrica no se limita al sur de Chihuahua. En municipios como Julimes y el Valle de Zaragoza, la falta de agua ha obligado a los productores ganaderos a movilizar sus rebaños en busca de alimento y líquido. La situación es tan crítica que algunos habitantes consideran abandonar sus tierras.
“Si no hay más, vamos a tener que dejar este rancho y buscar en otro lado”, expresó Manuel Araiza, agricultor de 60 años que ha vivido toda su vida en la región. Otros productores, como Leopoldo Ochoa, también reconocen que las condiciones actuales podrían hacer insostenible su permanencia.
En otras zonas del estado, como el municipio de Guerrero, los niveles de las presas siguen descendiendo. La presa Abraham González, por ejemplo, opera apenas al 19% de su capacidad, comprometiendo aún más las actividades agrícolas.
La situación ha despertado críticas no solo por el mal manejo de los recursos hídricos, sino también por la falta de acciones para frenar el acaparamiento por parte de actores con poder político y económico.
Con información de Excelsior
