Defensorxs Asociación Civil denunció que familiares de Adán Augusto habrían frenado la fiscalización de factureras, facilitando lavado y crimen organizado
La organización Defensorxs Asociación Civil, enfocada en la protección de derechos humanos y liderada por Miguel Alfonso Meza, denunció que durante el periodo en el que Rosalinda López Hernández, hermana del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, estuvo a cargo de la Auditoría Fiscal en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se debilitó la fiscalización a las empresas fantasma, generando condiciones que habrían favorecido el lavado de dinero y beneficiado a grupos criminales.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Meza señaló que tras la llegada de Rosalinda López al SAT en diciembre de 2018, la cifra de empresas clasificadas como factureras cayó drásticamente, con una reducción del 97.3 por ciento en comparación con el año anterior. El activista explicó que al abandonar su cargo en febrero de 2024, las cifras de empresas detectadas como fantasmas volvieron a incrementarse.
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“Durante su gestión como auditora fiscal, Rosalinda López se dedicó a bloquear la detección de empresas fantasmas”, denunció Meza, quien subrayó que las únicas beneficiadas con esta omisión fueron las organizaciones criminales y redes de corrupción que operan a través de facturación falsa.
En su exposición, el representante de Defensorxs recordó que en ese mismo periodo, Hernán Bermúdez Requena, quien fuera titular de Seguridad Pública en Tabasco y considerado colaborador cercano de Adán Augusto, fue identificado como supuesto líder de La Barredora, grupo delictivo que se expandió a Chiapas con presunta complicidad de autoridades locales.
“Los únicos beneficiados con el encubrimiento de Rosalinda López son los factureros, los corruptos y las organizaciones criminales que lavan dinero, incluido el cártel al cual pertenece La Barredora, célula liderada por el exsecretario de Adán Augusto”, puntualizó Meza.
La denuncia resalta el posible nexo entre la omisión de fiscalización en el SAT y el crecimiento de actividades delictivas relacionadas con lavado de dinero, colocando nuevamente bajo el foco público a personas cercanas al actual senador y exfuncionario federal Adán Augusto López.
