Una pareja de Tlaxiaco denunció que fue inscrita en matrimonio sin su consentimiento por funcionarios del Registro Civil, lo que derivó en una queja por violaciones a derechos humanos
Una pareja originaria del municipio de Tlaxiaco, en la región Mixteca de Oaxaca, presentó una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) tras denunciar que fue registrada como casada sin haber otorgado su consentimiento ni haber acudido a ceremonia alguna ante el Registro Civil.
La inconformidad fue ingresada el 24 de noviembre de 2025 y en ella se solicita la investigación de los hechos, la anulación del acta de matrimonio y la determinación de responsabilidades administrativas y legales contra los servidores públicos presuntamente involucrados.
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De acuerdo con el relato presentado, la pareja había iniciado el trámite para contraer matrimonio civil y tenía programada la ceremonia para el 6 de noviembre de 2025. No obstante, por motivos personales considerados de fuerza mayor, ambos contrayentes se vieron imposibilitados para acudir a la Oficialía del Registro Civil de Tlaxiaco en la fecha prevista, sin posibilidad de avisar con anticipación.
Ese mismo día, alrededor de las 15:00 horas, la mujer acudió a la oficialía con la intención de informarse sobre el procedimiento para cancelar la solicitud. Según la denuncia, personal del Registro Civil le indicó que la cancelación no era viable y que el matrimonio debía realizarse de manera obligatoria, bajo el argumento de que una trabajadora había cubierto el pago correspondiente al trámite.
La respuesta causó sorpresa a la denunciante, quien sostuvo que el consentimiento libre y expreso es un elemento esencial del matrimonio civil. Ante la falta de alternativas, se retiró del lugar sin efectuar pago alguno.
Días después, el 10 de noviembre, la pareja recibió una llamada telefónica de funcionarios del Registro Civil en la que se les exigía acudir a liquidar un supuesto adeudo, afirmando que una empleada había pagado el trámite con recursos propios. Los afectados señalaron que nunca se les mostró recibo o comprobante oficial que respaldara dicha versión.
Posteriormente, los funcionarios procedieron a registrar el matrimonio y emitieron un acta oficial pese a que no hubo ceremonia, firma de documentos ni presencia de los contrayentes. El 20 de noviembre, la pareja solicitó la anulación del registro, pero el encargado se negó bajo el argumento de que el acta ya estaba integrada en el sistema. Como elementos probatorios, los denunciantes entregaron copia del acta y un video.
En su queja, la pareja citó los artículos 104 y 105 del Código Civil de Oaxaca, que establecen como requisito indispensable para la validez del matrimonio la presencia física de los contrayentes y la manifestación expresa de su voluntad.
El caso también abrió el debate sobre posibles implicaciones penales. La falsificación de documentos públicos, como las actas expedidas por el Registro Civil, está tipificada en el Código Penal Federal y puede castigarse con penas de prisión y multas elevadas. Cuando este delito es cometido por servidores públicos, las sanciones pueden incrementarse de manera considerable, al tratarse de una afectación directa a la certeza jurídica y a la confianza institucional.
Autoridades federales han advertido que este tipo de prácticas puede estar vinculado a fraudes relacionados con identidad, herencias y trámites legales, por lo que en años recientes se han reforzado los mecanismos de control y verificación en los registros civiles del país.
