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Acusan derroche en revista con imagen de la alcaldesa Sandra Cuevas

Acusan derroche en revista con imagen de la alcaldesa Sandra Cuevas

Sandra Cuevas gastó 400 mil pesos de los recursos públicos de la Ciudad de México en la impresión de una revista con su imagen

La alcaldía Cuauhtémoc derrochó más de 400 mil pesos en una revista que ha sido acusada de promover de manera ilegal la imagen de la titular, Sandra Cuevas.

Diputados locales afirman que la alcaldesa violó diversas disposiciones al publicar la revista porque tiene su imagen y la ley prohíbe la promoción personalizada de funcionarios públicos.

Además, los datos de la persona física a la que se le otorgó el contrato para el diseño de la publicación fueron clasificados por el gobierno de Cuauhtémoc, por lo que se desconocen su domicilio fiscal y otros detalles que sirven para comprobar su legalidad, según la información obtenida por mecanismos de transparencia.

Según el contrato, se le pagaron 402 mil 705 pesos al proveedor para la impresión y diseño de las 12 ediciones de la revista, pero no se detalla cuántos ejemplares se imprimirán mensualmente

El 28 de enero de 2022, Sandra Cuevas dio a conocer la primera edición de la revista que en su portada tiene una imagen de ella y que, supuestamente, tiene el objetivo de dar a conocer las actividades emprendidas por la demarcación.

Posteriormente, el jueves 10 de febrero de 2022, el Congreso de la capital aprobó un punto de acuerdo para que se investigue a la revista de Sandra Cuevas debido a que la publicación presuntamente viola diversas leyes.

La propuesta legislativa fue hecha por el diputado de Morena, Temístocles Villanueva, y argumenta que la Constitución Política estipula que todos los servidores públicos tienen que usar con imparcialidad el erario.

“La Constitución también señala que la propaganda pública será institucional y con fines informativos, educativos o que tengan orientación social; y agrega con énfasis que en ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública”.

Así lo explica el punto de acuerdo que pide a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de la publicación.

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La propuesta afirma que existen sentencias del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) que detallan que la propaganda institucional no debe ser usada para la promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión.

Por otra parte, la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la Ciudad de México menciona que la propaganda y los medios de difusión públicos no deben tener imágenes o nombres de los funcionarios.

“En materia de gastos de publicidad, propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda como tal los sujetos obligados por esta ley, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, detalla el artículo 92.

Se firmó un contrato por 402 mil 705 pesos para la impresión en 2022 de la revista Cuauhtémoc, detalla la respuesta a la solicitud de información 092074322000217.

Según la respuesta de la alcaldía, fechada el 15 de febrero de 2022, la demarcación celebró el acuerdo comercial AC/ CPS/008/2022 con Ricardo Nieto Velázquez para el “Servicio integral de diseño y edición, incluye impresión mensual de la revista Cuauhtémoc para el ejercicio 2022”, el pasado 15 de enero.

De acuerdo con el contrato, los 402 mil 705 pesos se le pagaron al proveedor para la impresión y diseño de 12 ediciones de la revista. Sin embargo, no especifica cuántos ejemplares se imprimirán de cada edición mensual.

Finalmente, el contrato entregado por la alcaldía a no contiene datos como el RFC de la persona física adjudicada ni su dirección fiscal, datos que certifican que no sea un proveedor fantasma.

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CAB

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