La cancillería de Bolivia dio a conocer que grupos indígenas, partidarios del expresidente Evo Morales, tomaron cuarteles y se apoderaron de armas y municiones
Son por lo menos 200 militares quienes están retenidos por campesinos afines al expresidente boliviano Evo Morales, luego del asalto a tres cuarteles en el marco de las protestas que comenzaron desde hace 20 días, informó el gobierno del presidente Luis Arce.
La cancillería señaló, a través de un comunicado, que tres unidades militares fueron asaltadas por grupos irregulares en la zona del Chapare, en el departamento de Cochabamba, “tomando como rehenes a más de doscientos efectivos militares”.
Además, “se apropiaron de armamento de guerra y municiones”, agregó. En principio se informó oficialmente de un regimiento ocupado por manifestantes el viernes en Cochabamba y el secuestro de 20 militares.
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A esa misma región, el gobierno boliviano envió a las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en el despeje de carreteras bloqueadas por los partidarios de Morales. El gobierno sólo ha identificado a uno de los tres cuarteles, el Cacique Juan Maraza.
En un video difundido por la prensa boliviana, se ven 16 militares rodeados de campesinos que blanden palos con la punta afilada. “El Regimiento Cacique Maraza ha sido tomado por las centrales del Tipnis.
Nos han cortado el agua, la luz, nos han tomado como rehenes”, se le escucha decir a un uniformado. A los Tipnis se les conoce como los territorios indígenas del Chapare, en el departamento de Cochabamba, donde Morales tiene su mayor base política.
Tras conocer los primeros hechos, el presidente boliviano, Luis Arce, exministro de Economía de Morales durante su gobierno (2006-2019), deploró la actitud de los indígenas.
“La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria”, señaló el gobernante.
El conflicto en torno a los militares se produce en el marco de bloqueos de caminos por parte de manifestantes afines a Morales, investigado penalmente por un caso de estupro que él niega.
Sus seguidores denuncian que las acciones judiciales son parte de una “persecución judicial y política” del gobierno de Arce al líder indígena.
Morales, para aumentar la presión, inició el viernes una huelga de hambre. Asimismo, planteó al gobierno discutir en las mesas de conversaciones “el tema económico” y “el tema político”.
“Y para que el diálogo sea viable, responsable y tenga resultados, pido la participación de organismos internacionales de países amigos”, añadió.
Morales está en la región del Chapare, de donde no se ha movido ante la amenaza de una orden de detención de la fiscalía que lo investiga y luego de que el domingo pasado él dijera que sufrió un atentado a tiros contra su vida.
