Una organización civil cobró hasta seis mil pesos por ingresar al Senado y realizar un evento, lo que desató críticas por el uso de un recinto público con fines de lucro.
El Senado de la República enfrenta críticas por permitir que una organización civil cobrara el acceso a sus instalaciones y realizara un evento privado con fines de lucro, a pesar de que el recinto no cuenta con registro fiscal ni razón social para recibir dinero. Los montos cobrados por persona oscilaron entre dos mil 450 y seis mil 110 pesos, generando una recaudación estimada de 4.5 millones de pesos.
El evento en cuestión se llevó a cabo en la antigua casona de Xicoténcatl, un inmueble histórico bajo resguardo del Senado, y fue gestionado por el senador morenista Francisco Chiguil. Según el programa oficial, también participaron la senadora Yeidckol Polevnsky y la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, quien incluso dirigió unas palabras a los asistentes.
De acuerdo con información difundida en la Cámara Alta, legisladores detectaron una presunta red de corrupción integrada por secretarios técnicos, jefes de oficina y elementos del Resguardo Parlamentario, quienes habrían solicitado pagos a distintas organizaciones a cambio del uso de las instalaciones.
Te puede interesar: Exfuncionario de SRE usa el Munal para su boda bajo pretexto diplomático
El caso más reciente corresponde al XLIII Congreso Nacional Masónico de Grados Filosóficos, que se realizó los días 25 y 26 de septiembre en la casona de Xicoténcatl y el 27 de ese mes en la sede principal de Insurgentes y Reforma. Los organizadores cobraron seis mil 110 pesos por “colación”, tres mil 450 por participante y dos mil 450 por acompañante, según la convocatoria.
La senadora Claudia Anaya, secretaria de la Mesa Directiva por el PRI, envió el 30 de septiembre una carta de extrañamiento a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, con copia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, y a los coordinadores parlamentarios. En su escrito, recordó que “los bienes de las instituciones públicas constituyen patrimonio de la nación”, conforme a la Ley General de Bienes Nacionales, y que los espacios del Poder Legislativo deben mantenerse bajo el principio de gratuidad para eventos culturales o educativos.
Anaya subrayó que los gastos de operación del inmueble son cubiertos con recursos públicos, por lo que resulta inadmisible que se utilicen para actividades con fines económicos. Además, comparó el caso con la cancelación del evento “Unlocked AI Woman”, que había sido suspendido el 2 de julio precisamente porque sus organizadores pretendían cobrar la entrada al recinto legislativo.
En contraste, lamentó que el congreso masónico sí se llevara a cabo, con mesas de trabajo y uso de recursos del Senado, incluyendo el atril con el escudo oficial. “El evento no fue gratuito, se recibieron grandes ganancias, en un recinto patrimonio de los mexicanos, a los cuales la mayoría del pueblo no tiene acceso, sino por invitación”, denunció la legisladora.
Según la información documentada, la organización obtuvo al menos 4 millones 540 mil pesos por los cobros a participantes, sin contar los pagos adicionales por “derechos de colación”, requisito exigido en la convocatoria pero no publicado de manera transparente.
Claudia Anaya concluyó que “grupos privilegiados son invitados y todavía más, realizan eventos con fines de lucro, haciendo uso de un atril con el escudo del Senado y recursos de logística también cubiertos por la institución”.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia y el uso de los bienes públicos del Poder Legislativo, así como la necesidad de revisar los mecanismos de control interno que regulan la cesión de espacios dentro del Senado de la República.
