López Obrador destacó que no todas las estancias infantiles cumplían con las reglas de operación y, en algunos casos, ni siquiera con las normas de seguridad y tampoco se atendió a su población objetivo
El diez por ciento de las estancias infantiles subrogadas por el gobierno federal no contaba con la documentación requerida para recibir los subsidios y, por ello, se decidió retirarles recursos y entregarlos directamente a los padres, informó el gobierno federal.
En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que no todas las estancias cumplían con las reglas de operación y, en algunos casos, ni siquiera con las normas de seguridad.
“No se sabía, y existen reportes de las autoridades encargadas de la fiscalización de que no había legalidad y no había normatividad, seguridad; se trata de niños, era un riesgo, claro que sí”, expuso el Presidente.
Mediante un comunicado emitido por la tarde, el gobierno federal estableció que, de acuerdo con la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-0265-2018, no se acreditó la debida admisión de más de 300 estancias, y tampoco se acreditó que 659 estancias, 7% del total, contaban con el documento que formaliza la entrega de subsidios.
Tampoco se atendió a su población objetivo ni se acreditó la debida capacitación a más de 20 mil responsables de las estancias infantiles.
La auditoría señala que el universo de estancias que recibieron subsidio durante el año del análisis fueron nueve mil 399.
Añadió que los padres de familia serán quienes reciban ahora los recursos directamente para que paguen los servicios de la estancia o guardería que ellos decidan.
“No van a dejar de recibir el apoyo los padres y van a tener su apoyo y va a ser más de lo que recibían anteriormente. Y van a decidir ellos libremente si continúan entregando esos recursos a quienes manejaban las estancias infantiles”, afirmó el jefe del Ejecutivo.
Los montos que entregará el gobierno son de mil 600 pesos por cada niño de uno a tres años de edad; mil 600 pesos por cada niño indígena de uno a cuatro años de edad, y tres mil 600 pesos por cada niño con discapacidad de uno y hasta cuatro años de edad, como se ha anunciado.
Se dará prioridad a los niños que vivan en comunidades indígenas, que habiten en zonas de altos niveles de violencia y que no cuenten con seguridad social.
En la auditoría, reportada por la Secretaría de Bienestar, conocida antes como Sedesol, se detectó la entrega de permisos de operación con criterios arbitrarios, sin reporte de manejo de los recursos entregados, con criterios discrecionales, y padrones inflados; incluso se presume que se subsidiaba a niños que nunca asistieron.
De los 310 mil 968 beneficiarios registrados en 2017, 195 mil 179 (62.8%) no acreditaron cumplir con los requisitos para recibir el subsidio que prestaba el gobierno federal, señala la auditoría. Esto representa 62.8% del total.
López Obrador insistió en que si bien la medida tomada por su gobierno ha causado molestia entre los administradores de las estancias y padres de familia, “no habrá marcha atrás”.
