Una ceremonia matrimonial entre adolescentes en la comunidad indígena de San Juanito Yosocani, en el municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, ha generado preocupación pública tras difundirse imágenes en redes sociales donde se observa a menores consumiendo bebidas alcohólicas.
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El evento, celebrado entre César y Jaqueline —ambos adolescentes pertenecientes al pueblo mixteca-tacuate— fue documentado en video y fotografías por asistentes y compartido desde la cuenta comunitaria de Santa María Yosocani. Las imágenes muestran a niños participando activamente en la festividad, algunos de ellos bebiendo cerveza, lo que ha desatado críticas en línea por la aparente normalización tanto del matrimonio infantil como del consumo de alcohol por parte de menores.
Los padres de los jóvenes contrayentes estuvieron presentes durante la celebración, en la que también se ofreció comida y pastel a los asistentes.
Uniones como esta están prohibidas por la ley mexicana
Aunque en algunas comunidades del país persisten prácticas tradicionales que permiten matrimonios tempranos, legalmente estas uniones están prohibidas. Desde marzo de 2019, el matrimonio infantil está expresamente vetado en todo el territorio mexicano.
Además, en abril de 2023, se reformó el Código Penal Federal para crear una figura legal específica que castiga la cohabitación forzada con menores de edad. La reforma estipula sanciones para quienes induzcan, coaccionen u organicen uniones con personas menores de 18 años o con quienes no comprenden plenamente el acto, independientemente de si existe un consentimiento aparente.
Una realidad preocupante según cifras oficiales
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes a 2021 revelan que 10.5 millones de mujeres menores de edad se casaron, y que seis de cada mil matrimonios registrados involucraron a niñas de entre 12 y 14 años.
Este caso en Oaxaca ha vuelto a encender el debate sobre la vigencia de prácticas tradicionales que entran en conflicto con los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la urgencia de fortalecer la protección legal y social en comunidades rurales.
Con información de Excelsior
