Rojo de la Vega afirmó que el comercio en vía pública continúa en condiciones precarias.
Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa a grupos de choque y redes de cobro ilegal tras operativo en San Cosme. Luego de los hechos violentos ocurridos el viernes 13 de febrero durante un operativo de reordenamiento en la zona de Ribera de San Cosme e Insurgentes, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció la operación de presuntas estructuras delictivas que, aseguró, controlan el comercio informal mediante el cobro de cuotas y obstaculizan la aplicación de la ley en espacios públicos.
La edil rechazó las versiones que apuntan a una supuesta falta de diálogo con los comerciantes y sostuvo que la agresión contra personal de la alcaldía fue resultado de una acción organizada por personas vinculadas a actores políticos.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río en el noticiario de Imagen Radio, Rojo de la Vega afirmó que el comercio en vía pública continúa en condiciones precarias debido —según dijo— a la falta de voluntad política de administraciones capitalinas anteriores para regularizar y formalizar a quienes trabajan en la informalidad.
De acuerdo con su versión, el operativo derivó en violencia cuando arribaron personas ajenas a las mesas de diálogo con los comerciantes. La alcaldesa señaló directamente a colaboradores cercanos a la diputada Diana Barrios, quienes —afirmó— habrían participado en las agresiones utilizando objetos punzocortantes y palos, lo que dejó un saldo de al menos 20 personas lesionadas.
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Desde el ángulo financiero y de ordenamiento urbano, la funcionaria cuestionó que, pese a contar con mayoría en el Congreso local, no se hayan impulsado alternativas formales para el comercio popular. Sugirió que la permanencia de la informalidad favorece esquemas opacos de control y cobro de cuotas a quienes se instalan en la vía pública.
Finalmente, informó que ya se han presentado 11 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y adelantó que buscará coordinar acciones con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el objetivo de contener el crecimiento desordenado del comercio ambulante, especialmente ante la proximidad de eventos internacionales como el Mundial de Futbol.
