La implementación de la CURP biométrica obligatoria genera concentración excesiva de datos en manos del gobierno, advierte investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
La reciente decisión de implementar la CURP biométrica de manera obligatoria en México podría representar un riesgo significativo para la privacidad de millones de personas, al centralizar una gran cantidad de información personal en manos de una sola institución gubernamental, advirtió Ernesto Villanueva, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En entrevista con Imagen Radio, Villanueva explicó que esta medida provoca una acumulación de datos desproporcionada en la Secretaría de Gobernación, específicamente en el Registro Nacional de Población, situación que vulnera estándares internacionales sobre protección de datos personales. “Eso, de entrada, es contrario a las prácticas democráticas internacionales, que evitan la concentración de poder sobre datos personales,” expresó el experto, al recordar que esta política se implementa en un contexto en el que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha sido desaparecido, dejando al Ejecutivo como único custodio de la información.
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De acuerdo con Villanueva, este esquema podría abrir la puerta a mecanismos de vigilancia en tiempo real que incluyan a menores de edad, adolescentes y adultos, sin un contrapeso efectivo para la protección de la privacidad ciudadana. “Esto no es compatible con los estándares democráticos internacionales ni con el derecho convencional, es decir, con los tratados que México ha firmado”, advirtió.
El investigador puntualizó que la preocupación no radica únicamente en la recopilación de datos biométricos, sino en que la CURP biométrica se convierta en un requisito obligatorio para acceder a bienes y servicios, lo que, a su juicio, limita derechos y genera un riesgo innecesario al vincular información sensible con las actividades cotidianas de los ciudadanos.
“ La fe no puede sustituir al mandato legal, debemos tomar previsiones jurídicas, y aquí no se están tomando,” señaló Villanueva, quien subrayó que este modelo de concentración de datos carece de controles independientes, generando condiciones para abusos de poder y posibles violaciones a la privacidad.
El experto recordó que las tendencias internacionales en materia de protección de datos buscan evitar la concentración de información en manos de un solo ente y promueven contrapesos para su manejo, con el objetivo de garantizar la privacidad y la protección de derechos fundamentales. En contraste, la actual política en México se aparta de estos lineamientos y genera incertidumbre sobre el uso futuro de la información recopilada.
Villanueva concluyó que, ante esta situación, es necesario abrir un debate público que permita establecer mecanismos de transparencia y supervisión independiente, para que la protección de datos personales no quede exclusivamente bajo el control del Ejecutivo, garantizando así los derechos de la ciudadanía frente a la implementación de la CURP biométrica obligatoria.
